SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0381/2013-L

Dentro del proceso penal iniciado por el delito de narcotráfico contra Antonio Pinedo Suárez, el Tribunal de Sustancias Controladas de Cobija, pronuncio sentencia condenatoria en su contra, misma que en apelación fue confirmada en todas sus partes, y habiendo recurrido éste de casación y nulidad, la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, dictó el Auto Supremo 178/2005 de 30 de mayo, que declaró improcedente e infundado respectivamente dichos recursos, y ante la solicitud de extinción de la acción penal, la misma Sala dispuso no ha lugar a la extinción solicitada; devuelta la causa el 21 de julio de 2005, fue remitida ante el Juez de Partido en lo Civil, en espera de que se conforme el Tribunal de Sustancias Controladas y pueda ejecutarse ”las Resoluciones del referido Auto Supremo” (sic). De forma posterior se dictó la “SC 0018/2006”, que dispuso la nulidad del indicado Auto Supremo, ordenando que las autoridades demandadas, con carácter previo a resolver el recurso de casación y nulidad, resuelvan la solicitud de extinción de la acción penal planteada por el primero de los nombrados.

Refiere que los Vocales de la Sala Penal, ahora demandados, al pronunciar la Resolución de “19” de junio de 2011, por la cual declararon la extinción de la acción penal, a favor de Antonio Pinedo Suárez, lo hicieron desconociendo la SC 0018/2006, bajo un criterio arbitrario y con falta de fundamentación, realizando una incorrecta interpretación de las reglas de la extinción, privando a la Fiscalía, como titular de la acción penal, a ejercer la aplicación de la ley; indicando además, que éstos no tenían competencia, pues el caso radicaba en el Tribunal de casación, donde tenía que resolverse tal solicitud.