SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0381/2013-L

II.6.    Debido al recurso de apelación planteado por el tercero interesado, por Auto de Vista de 29 de junio de 2011, las autoridades demandadas, declararon “…la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL a favor de los procesados, dentro del caso de autos seguido por el Ministerio Público, por la supuesta comisión de los delitos de: Tráfico de Sustancias Controladas y otros…” (sic), bajo los siguientes argumentos: i) La Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema, no cumplió con la determinación de la         SC 0018/2006-R, transcurriendo desde su pronunciamiento más de tres años; ii) El momento que se debe tomar en cuenta para el inicio del cómputo de los tres años de duración máxima del proceso, sería a partir de la última notificación con la imputación, momento que marca el inicio del proceso penal; iii) Con relación al imputado Antonio Pinedo Suárez, se evidencia que la culpa de la retardación, no es atribuible a éste, sino al Órgano Judicial y Ministerio Público, siendo las acciones dilatorias del primero de los nombrados, una serie de nulidades procesales dispuestas; iv) El Tribunal de Sustancias Controladas, al señalar que no tenía competencia para resolver la solicitud de extinción de la acción penal, en base a lo dispuesto por en la indicada Sentencia Constitucional, es un argumento que “no se encuadra a lo prescrito por el ordenamiento jurídico vigente y la jurisprudencia constitucional y legal” (sic); v) El indicado Tribunal, no consideró, ni tomó en cuenta, la SC 1716/2010-R de 25 de octubre;  vi) Verificaron que el plazo de la duración máxima del proceso se encontraba vencido, siendo el mismo, atribuible al órgano jurisdiccional, quien provocó la retardación de justicia; vii) Señalan que los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria y los crímenes de guerra, previstos en el art. 11 de la CPE, son imprescriptibles; y, viii) Los agravios expuestos en el recurso, son ciertos y contienen fundamento legal válido (fs. 38 a 42).