SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0588/2013

En cuanto se refiere a las resoluciones que emiten los Tribunales de apelación, la SC 0782/2005-R de 13 de julio señaló: “Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva”  (las negrillas son propias).

En resumen, puede afirmarse que una debida fundamentación, es exigible tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, por parte del Juez Instructor en lo Penal, como en aquellas que son emitidas en apelación por los Tribunales de alzada, según lo establecido en el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), exigencia aplicable no sólo para aquellos fallos que dispongan la detención preventiva del imputado, sino también cuando se rechacen las solicitudes de cesación a las medidas cautelares, su sustitución y modificación.