demandando la inconstitucionalidad del Acuerdo de Sala Plena 12/2012 de 8 de marzo, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, por considerar que contradicen los arts. 1, 12, 14, 120, 158.I.3, 178, 181, 184 y 410 de la Constitución Política del Est

II.3.  Sin embargo, debe señalarse que al momento de la vigencia de la Constitución Política del Estado, de la Ley 025 y de la Ley 044, continuaban aún procesos en trámite y por ello, esta última Ley contiene Disposiciones Transitorias que regulan el tratamiento de aquellos juicios de responsabilidades contra Altos Dignatarios de Estado que se encuentran en trámite; pues, en el marco del Estado Constitucional, que tiene entre sus postulados el respeto al principio de legalidad, maximizado por su sujeción al principio de constitucionalidad, y la consecución de los fines y funciones del Estado, entre ellos, el de construir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización (art. 9.1 de la CPE), se debe lograr una forma de convivencia social en verdadera armonía; fin para el cual necesariamente se requiere crear un sistema jurídico armónico, en el que se contemple un régimen transitorio, frente a la sucesión de leyes en el tiempo, para lograr que el paso de una norma a otra, de un procedimiento a otro, no resulte contrario a los derechos y garantías de los procesados.