La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la SCP 0785/2013 de 10 de junio, por los siguientes fundamentos de orden constitucional.

De la revisión de los argumentos expuestos en el memorial de demanda, se puede establecer que el representado del accionante se encuentra detenido preventivamente desde el 5 de julio de 2009; es decir, desde hace aproximadamente tres años y nueve meses, al no haber obtenido respuesta a la solicitud de aplicación de criterio de oportunidad presentada por el Fiscal a cargo de la investigación ante la Jueza del control jurisdiccional, ahora demandada.

Agrega que desde hace dos años y ocho meses que no se resolvió ni respondió al requerimiento conclusivo del Fiscal, al que se decretó en suplencia legal recién el 11 de mayo de 2010, dando lugar a que el 2 de junio del mismo año se produzca la extinción de la acción penal, lo que contraviene el principio de celeridad y el debido proceso vinculado con el derecho a la libertad de su mandante.

Finaliza sosteniendo que el 3 de diciembre de 2012, planteó solicitud de extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo o duración máxima del proceso, la cual, hasta la fecha, no se dilucidó; simplemente se corrió en traslado y se contestó el 24 de igual mes y año, habiendo vencido el plazo de tres días estipulado por el art. 314 del CPP, al tratarse de un incidente de puro derecho; y pese a ello, la Jueza de la causa omitió pronunciarse sobre el mismo.

Puestas así las cosas, la suscrita Magistrada considera que debió aprobarse la concesión de la tutela otorgada a favor  por parte del Juez de garantías, por las razones que a continuación se explican y que fueron expresadas en el primer proyecto que al no lograr el consenso de la otra Magistrada que conforme la presente Sala, dio lugar a que fuera dirimido por Presidencia, logrando apoyo el presentado por el Despacho de la par.