SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0481/2013-L
Fecha: 10-Jun-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso sumario de entrega de inmueble seguida por Javier Albino Villanueva y “Elga” Camargo Gonzáles contra Honorato Choque Mamani y Eustaquia Gareca Condori -padres de los accionantes- se pronunció la Sentencia 46/10 de 17 de agosto de 2010, en la que, se dispuso la entrega del mismo, sin considerar que era poseído por ellos ante la ausencia de sus padres, “puestos que los mismos desaparecieron” (sic).
Por tal razón, se apersonaron al Juzgado Quinto de Instrucción en lo Civil del Distrito Judicial -ahora departamento- de Oruro, a efectos de hacer constar la condición de hijos y actuales poseedores del inmueble, y que el hecho de no haber sido parte en la demanda principal, los alcances de la sentencia precedentemente indicada, no les alcanzaría, señalando además que se debía considerar que en el inmueble, Marcial Honorato Choque Gareca -ahora accionante-, tendría su venta de comida; empero, la autoridad ahora demandada, pese a todo lo manifestado, dispuso a través del Auto de 11 de mayo de 2011 y Resolución de 16 del mismo mes y año, el desapoderamiento del mismo, sin considerar tampoco que se encontraría pendiente el recurso de apelación interpuesto por el referido accionante, recurso que se basaría en que la sentencia librada por el Juez de la causa abarcaría a los herederos o causahabientes, cuando no se demostró la muerte o se declaró la ausencia de sus padres, para ser tomados como herederos.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. ampliación de la acción
- I.2.2. Informe de la autoridad demandada
- I.2.3.Informe de los terceros interesados
- “improcedente”
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.7.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. De la acción de amparo constitucional, y su naturaleza jurídica
- El art. 35.1 del CPCo, establece: “… la Jueza, Juez o Tribunal (…) dispondrá la notificación personal o por cédula de la parte accionada”
- Fragmento 17
- a objeto de encontrar un equilibrio entre el derecho a la defensa y el principio de celeridad procesal, la notificación al tercero interesado, en los casos que no sea posible hacerlo personalmente, será válida mediante cédula en el último domicilio procesal que -el tercero- hubiera señalado en el proceso principal, el cual deberá ser consignado por el recurrente en la demanda de amparo constitucional; aún en el caso de que el tercero interesado haya abandonado tal domicilio, o hubiese cesado el patrocinio del abogado; puesto que la exigencia se reduce al señalamiento del domicilio y la citación o notificación respectiva con la admisión de la demanda, debido a que el ejercicio del derecho a la defensa del tercero interesado, una vez notificado, es potestativo y no imperativo
- La acción de amparo constitucional como acción de defensa de derechos fundamentales, en su trámite, desde su admisión hasta la realización de su audiencia, no puede ser dilatada, puesto que ello desnaturalizaría el fin de ésta acción tutelar, que constituye un proceso de tramitación especial y sumario, mismo que busca de forma inmediata la protección de derechos constitucionales.
- En ese sentido, a partir de la vigencia del Código Procesal Constitucional, la intervención de los terceros interesados en acciones de defensa se instituyó como una facultad potestativa no imperativa de éstos, por lo que, la participación del tercero interesado no puede de ninguna manera condicionar a la resolución de la controversia en sede constitucional, por ello, cuando no exista la posibilidad de citarse al tercero interesado porque se desconoce su domicilio, éste hecho no debería ser óbice para la suspensión de la audiencia, sino que deberá continuarse con la misma hasta dictar resolución; empero, cuando el Tribunal o Juez de garantías dispongan la citación de los mismos, para proceder con ésta diligencia, se establecen los siguientes criterios, los cuales que no hacen más que ampliar el criterio de la SCP 1115/2012 antes referida, por cuanto, cuando la acción de amparo constitucional derive de un proceso, sea éste de cualquier índole, se debe tener como último domicilio donde se debe practicar la diligencia de notificación por cédula a los terceros interesados, aquel señalado para el efecto en el proceso principal, por la parte o por su apoderado y en caso de desconocimiento del mismo se tendrá aquel señalado por el defensor de oficio cuando exista éste. Sin embargo, en especial en los procesos ejecutivos y coactivos (procesos de ejecución) en los que por previsión del art. 30 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF), no existe defensor de oficio, toda vez que no corresponde la declaratoria de rebeldía, se tiene que cuando el ejecutado no hubiere constituido domicilio en el documento, las citaciones se las realiza a través de edictos y ante su incomparecencia, se tendrá como su domicilio la secretaría del juzgado a los efectos de notificaciones posteriores, en ese sentido, en las acciones tutelares que deriven de éstos procesos a efectos de notificación del (los) tercero(s) interesado(s) dicha diligencia se la deberá practicar mediante cédula en el juzgado en el que se tramitó el proceso de ejecución
- faculta a las partes proponer las citaciones y notificaciones mediante edictos y en estrados judiciales, entre otras, concediéndoles respectivo valor legal, en el caso de la tramitación de acciones de defensa tal eventualidad resulta inadmisible
- Fragmento 22
- III.4.Análisis del caso concreto
- denegar
- CONFIRMAR