SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0591/2013-L

El 28 de marzo de 2011, fue imputado formalmente por el Fiscal de Materia, como autor del delito de robo agravado; y en audiencia de medidas cautelares llevada a cabo el 29 de ese mes y año, se dispuso su detención preventiva en la cárcel de “El Abra” por las causales previstas en los arts. 233.1 y 2; 234.1, 2, “8 y 10”; y, 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

El 13 de mayo de 2011, solicitó cesación a la detención preventiva acompañando documentación y certificaciones solicitadas mediante requerimiento fiscal, tales como antecedentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), registro domiciliario, certificado de matrimonio de sus padres, declaración jurada ante Notario de Fe Pública, certificados de nacimiento de sus hermanos y contrato de trabajo; elementos que desvirtuaron el peligro de fuga previsto en los arts. 234.1, 2, 8 y 10; y 235.1 y 2 del CPP; sin embargo, realizando la Jueza demandada una mala y errónea valoración de la prueba presentada, manifestó aceptando solo el elemento de la familia; con relación al trabajo manifestó que no se acreditó porque no se acompañó cédula de identidad ni el Número de Identificación Tributaria (NIT) del empleador y con relación al domicilio indicó que no coincidían los datos del señalado en la declaración informativa, de esta forma rechazó la solicitud citada; mismo que fue apelado y por Auto de Vista de 2 de julio de 2011, la Sala Penal Segunda confirmó el Auto apelado.

El 7 de julio de ese año, reiteró la solicitud de cesación a la detención preventiva y la Jueza de Instrucción demandada, nuevamente, haciendo una incorrecta valoración de la prueba, sin fundamentar en derecho ni justificar bajo que pruebas habría tomado la decisión, rechazó la citada solicitud; misma que fue apelada; y, la Sala Penal Tercera, el 26 de septiembre de 2011, declaró parcialmente procedente tal recurso, dictando favorablemente lo referido al domicilio y confirmando todos los demás aspectos de la resolución apelada; la que carece de fundamentación y justificación para mantener la detención preventiva de su hijo; quien, ha quedado en estado de indefensión.