SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0732/2013

Larepresentante alega la vulneración de su derecho constitucional del accionante, al debido proceso en su vertiente a la defensa, a la congruencia, a la pertinencia y a la exhaustividad; toda vez, que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Roque Cardozo Oliveira y/o Juan Carlos Quintanilla Pérez y otros, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, las autoridades demandadas, mediante Auto de Vista 56/2012, sin fundamentación alguna y sin haber realizado una valoración jurídica de las pruebas aportadas resolvieron dejar sin efecto la Resolución 587/2011 dictada por el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal, manteniendo así firme y subsistente el Auto Interlocutorio 65/2011, por el cual se dispuso la incautación de los bienes inmuebles y muebles.

De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el Ministerio Público emitió imputación formal contra Roque Cardozo Oliveira y/o Juan Carlos Quintanilla Pérez y otros, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Siendo así, que el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal, en suplencia legal de su similar Octavo, por Auto Interlocutorio 65/2011 de 21 de enero, resolvió la detención preventiva de los mismos en el penal de "San Pedro", la incautación de semovientes (vacas, terneros, vaquillas, torillos y otros) y la confiscación de bienes inmuebles a ser entregados en calidad de depositario a DIRCABI,en la mencionada Resolución no se encuentra el nombre del accionante.

Ante esta situación, la "familia Salazar" en su condición de propietarios de los fundos rústicos "Estrella del Oriente" y "Campo Nuevo",junto al accionante presentaron incidente sobre calidad de bienes, exigiendo la revocatoria de la orden de incautación y por consiguiente, la devolución de los bienes rústicosque les fueron quitados. Siendo así, que el Juez Octavo de Instrucción en lo Penala través de laResolución 587/2011, ordenó que se proceda con la devolución de los predios antes señalados como del ganado que se incautó. Posteriormente a ello, el Fiscal de Materia, planteó recurso de apelación incidental contra dicha determinación y habiendo sido respondida por Juan Rivera Antezana en representación de la "familia Salazar" y el accionante, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental Judicial de La Paz, (ahora demandados) por Auto de Vista 56/2012 de 20 de abril, declararon procedente el mismo, disponiendo dejar sin efecto la Resolución 587/2011, manteniendo en consecuencia firme y subsistente el Auto Interlocutorio 65/2011, por el cual se dispuso la incautación de dichos bienes, destacando dentro de sus conclusiones que en el documento de reconocimiento de firmas sobre transferencia de los fundos rústicos "Estrella del Oriente" y "Campo Nuevo"  se encontraba el nombre de Juan Carlos Quintanilla Pérez, quien tendría como verdadero nombre Roque Cardozo de Oliveira y es a quien se le investiga por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y que para acreditar el derecho propietario legalmente establecido debierondemostrar con prueba idónea el registro a nombre de quien solicita la devolución y en el presente caso, los incidentistas únicamente demostraron la existencia del predio con relación a los certificados e informes y escrituras públicas más no así el registro correspondiente respecto a los bienes antes descritos, tampoco indicaron derecho alguno respecto al número de ganado que fue incautado.

Por lo que de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional,que establece que la importancia del debido proceso esté ligada a la búsqueda del orden justo, no es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento, sino buscar un proceso equitativoa fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado Plurinacional, que pueda afectar sus derechosy que cadaautoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma y que cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho y no así de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez y/o autoridad sumariante a tomar la decisión.