SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0873/2013
Fecha: 20-Jun-2013
1)
El representante de la accionante alega la vulneración de los derechos de su mandante a la defensa, al debido proceso y la garantía procesal de la fundamentación o motivación de las resoluciones, por cuanto, en su calidad de funcionaria del Hospital Viedma de Cochabamba, fue sometida a un proceso administrativo por la supuesta contravención del art. 36 incs. a), b) e i) del Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Salud y arts. 10 y 12 del Código de Ética del citado nosocomio, en el cual se determinó la sanción en su contra de treinta días de suspensión sin goce de haberes mediante la RA 03/2012 de 13 de enero, en la que: 1) No fueron valoradas ni consideradas apropiadamente las pruebas aportadas; y, 2) No existe una adecuada fundamentación, siendo ambos hechos vulneratorios de derechos, mismos que fueron ratificados en la Resolución 03/2012 de 13 de febrero y en la Resolución de recurso jerárquico de 19 de julio de 2012.
- acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
- a)
- denegó
- I.2.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- 1)
- III.1. La acción de amparo constitucional. Su configuración constitucional.
- III.2. Los actos consentidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional
- Consecuentemente, los actos, para que produzcan las consecuencias jurídicas expresadas en el art. 96.2) de la LTC, deben provocar en el Tribunal la convicción plena de que el recurrente está de acuerdo con el acto reclamado; dado que la simple presunción del consentimiento por acciones que no están directamente relacionadas con el supuesto acto ilegal, lesionaría la garantía de la tutela jurisdiccional eficaz
- III.3. Jurisprudencia relacionada con la legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional
- En resumen, la legitimación pasiva la tendrá la autoridad que detenta el cargo al momento de la interposición de la acción de amparo constitucional, lo que no excluye la posibilidad de incluir a la anterior autoridad, quien pese a ya no ocupar dicho cargo, fue quien vulneró los derechos y garantías del accionante, ello, con la finalidad de establecer responsabilidades; sin embargo, ante la existencia de una nueva autoridad que sustituyó a su predecesora, se dirige la acción contra ella, por cuanto es la que tiene la competencia para la reparación de las lesiones ocasionadas cuando así se establezca. No obstante lo indicado, la línea jurisprudencial contenida en la SCP 0275/2012, aclaró que si bien debe tomarse en cuenta lo señalado, sin embargo, le restó relevancia al tema, determinando que lo importante es dirigir la acción al cargo, sin interesar la persona que ocupa el mismo; es decir, si fuera la anterior que vulneró sus obligaciones o la nueva que desempeña dichas funciones
- III.4. La motivación y fundamentación de las resoluciones dentro del debido proceso y su relación con el derecho a la defensa
- El debido proceso también es una garantía constitucional, aplicable a los procesos disciplinarios en sede administrativa, que con mayor razón deberá observarse en la fase de impugnación, con el objeto de avalar en revisión un fallo justo, razonable y que proporcione certeza al administrado respecto a la decisión asumida. Las resoluciones pronunciadas durante la sustanciación de los procesos administrativos disciplinarios, deberán contener una adecuada motivación y fundamentación, efectuando una detallada valoración de todos los elementos probatorios, asignando a cada una de las pruebas el valor correspondiente, además de una correcta relación de causalidad entre los hechos acusados de faltas y la normativa que sanciona los mismos, tal cual lo ha determinado la abundante jurisprudencia pronunciada por el Tribunal Constitucional y recientemente ratificada por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
- Fragmento 19
- III.4.1. Jurisprudencia
- III.5. La valoración de la prueba en los procesos administrativos en la jurisprudencia constitucional
- i)
- III.6.1. En relación a los supuestos actos consentidos, base de los fundamentos de la Resolución de 8 de enero de 2013, pronunciada por el Tribunal de garantías
- III.6.2. Respecto a la vulneración del debido proceso y del derecho a la defensa por insuficiente motivación y fundamentación de las resoluciones pronunciadas en sede administrativa
- III.6.3. Respecto a la ausencia de valoración de la prueba denunciada
- III.6.4. En lo referido al derecho a la defensa
- 3º ANULAR