SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0883/2013

Fue incriminado por los supuestos delitos de estafa, allanamiento de domicilio y sus dependencias y estelionato, sólo para hostigarle y amedrentarle a fin de que pague $us3000.- (tres mil dólares estadounidenses), por concepto de un contrato de antícresis que nunca recibió, tal como consta del documento privado de 13 de agosto de 2007; empero, del cuaderno de investigaciones se infiere que el Fiscal de Materia, pidió la ampliación de diligencias preliminares por noventa días, plazo que vencía el 4 de enero de 2012, desde esa fecha los actos procedimentales no tuvieron control jurisdiccional, porque no existió la comunicación de prórroga al juez instructor, por lo que no es comprensible se pretenda prejuzgar violando sus derechos constitucionales de la presunción de inocencia, debido proceso, no existiendo elementos suficientes que funden una imputación y menos una acusación, siendo obligación del Ministerio Público, rechazar la misma, pues los plazos son improrrogables y perentorios y ninguna ciudadana o ciudadano puede ser sujeto a investigación y procesamiento por tiempo indefinido.

Instalada la audiencia de medidas cautelares el “27 de febrero”, el Juez sin velar por sus derechos y garantías constitucionales, prejuzgó y le negó el derecho a la defensa entrando en contradicción y creando inseguridad jurídica en sus resoluciones, pues incluyó como riesgo procesal, el hecho de no haber resarcido el daño a la víctima, aduciendo que no realizó actos para solucionar el problema; encontrándose indebidamente privado de su libertad, pues el fundamento de su aprehensión es el no haberse presentado a prestar su declaración informativa, lo que no pudo justificar porque fue víctima de un accidente de tránsito que fue acreditado.