SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1014/2013

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 11/2013 de 14 de marzo, cursante de fs. 297 a 301, por la que denegó la tutela, con los siguientes fundamentos: i) Vía amparo constitucional, no se puede revisar lo decidido por la jurisdicción ordinaria, siendo que no es una vía alterna a la ordinaria, que tenga por objeto revisar y/o modificar las decisiones adoptadas en esa instancia, como tampoco tienen la función de revalorizar las pruebas ni revisar lo acaecido en la audiencia de inspección ocular, ni los demás actos del proceso, criterio asumido en las SSCC 1330/2011-R y 0656/2010-R; ii) Con relación al argumento en sentido que la Sala Primera Liquidadora del Tribunal Agroambiental  incurrió en aplicación indebida de la ley al sostener que el accionante mediante apoderado confesó de manera positiva los extremos de la demanda, no obstante que nunca fue llamado a confesión, revisado los obrados, se constata no ser evidente, dado que el tribunal superior se refiere a la versión del abogado del “demandado” durante la audiencia de inspección judicial, habiéndose incluido indebidamente una fotocopia de una declaración de Dominga Farfán Leañez, prestada en el Ministerio Público, que es ajena al proceso, pretendiendo inducir en error al Tribunal de garantías, por lo que se llama severamente la atención al accionante y a su abogado; además, la inclusión en el acta de la versión del abogado del demandado Max Aldo Lema León, como si fuere su apoderado, debió reclamarse oportunamente, conforme el “ordenamiento adjetivo civil el art. 17.2”, (sic) [lo correcto es el art. 17.3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ)]; y, iii) Max Aldo Lema León, no precisó de qué manera o con qué actos incurrieron las autoridades demandadas en violación a sus derechos y garantías  de acceso a la justicia, petición, legalidad, defensa, debido proceso; siendo que no sólo basta con enunciarlas, para activar la jurisdicción constitucional; tampoco se evidencia quebrantamiento de los arts. 178 y 180 de la CPE, y tampoco su derecho a la defensa, que fue ejercido plenamente, por cuanto estuvo asistido de abogado.