La Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0013/2013 de 17 de julio, pronunciada dentro del control previo de constitucionalidad al Estatuto Autonómico Indígena Originario Campesino de Charagua, declara su

Ahora bien, esta modificación de las relaciones de poder implica, desde la visión de los pueblos indígena originario campesinos, la reconstitución de sus territorios, sus estructuras, instituciones, formas de vida, saberes y conocimientos; pues, sólo cuando se consiga esta reconstitución se podrán efectivamente modificar las relaciones de poder en un plano de igualdad de fuerzas, y así se puede percibir del informe presentado por la Comisión visión País de la Asamblea Constituyente, compuesta por 16 constituyentes, de los cuales once se autoidentificaron como indígena originario campesinos y sólo cinco como mestizos, en el que se señala que la descolonización tiene un sentido liberador, que se traduce en la reparación y el resarcimiento de los daños ocasionados por el Estado colonial: “Reparar y resarcir a las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, de los daños e injusticias históricas, garantizando su participación en la construcción de la institucionalidad del nuevo Estado”. Añadiendo que el  “…Estado Plurinacional es un modelo de organización política para la descolonización de nuestras naciones y pueblos…” y que el Estado “…basado en las autonomías indígenas, originarias y campesinas, debe ser entendida como un camino hacia nuestra autodeterminación como naciones y pueblos, para definir nuestras políticas comunitarias, sistemas sociales, económicos, políticos y jurídicos…”

El proyecto descolonizador, en una acepción equivocada podría ser concebido como un proyecto destinado exclusivamente de y para los pueblos indígenas; empero es, más bien, un proyecto alternativo frente a las sociedades desarrollistas, consumistas y depredadoras de la madre tierra, del medio ambiente. La descolonización por tanto, se presenta como un proyecto incluyente, alternativo, dirigido a toda la sociedad, a partir del kawsay, que refiere a las energías vitales (tierras, sol, aire y agua) expresadas a través de la cosmovisión de las comunidades milenarias, todo ello dinamizado como proyecto alternativo por la fuerza y la lucha  de los pueblos indígenas.

En lo más íntimo de la descolonización se trata de reconstituir y restituir el saphi, qamasa, ajayu, yatiña, luraña y atiña (del mismo jaqi del Tawantinsuyu). Es decir, volver y retornar a nuestra mismidad, volver a pensar desde nuestro ser aymara, quechua, guaraní, etc. pensar, sentir, ver y hacer como tal. Todo ello implica procesos transformadores, porque la descolonización “(…) no pasa jamás inadvertida puesto que afecta al ser, modifica fundamentalmente al ser, transforma a los espectadores aplastados (…)”.

La descolonización es un hecho doloroso y duro porque se trata de cambios profundos, no sólo de forma o fenomenológicos, porque implica el trastocamiento de un ser por otro ser. Es cambiar una totalidad social por otra. En ese sentido, la descolonización no es cambiar el discurso para hacer lo mismo que hacían los otros -aunque con detalles menores- sino destruir lo que existía, como es la dominación colonial y moderna.

Es esta perspectiva descolonizadora la que se encuentra en la base y fundamento de nuestra Constitución Política del Estado; que está presente desde el Preámbulo, en el que la denuncia de los pueblos indígenas se alza con fuerza al señalar: “Dejamos en el pasado el Estado Colonial, republicano y neoliberal.  Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos”.

En ese marco, la descolonización está expresamente prevista como la base de uno de los fines y funciones del Estado, cual es la de constituir una sociedad justa y armoniosa “cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales.” (art. 9.1).