SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0914/2013-L

Respecto al principio de inmediatez la SCP 0573/2013 de 21 de mayo, refiere que: “…es pertinente revisar lo dispuesto por las normas contenidas en el segundo parágrafo del art. 129.II de la CPE, que textualmente refiere que: ´La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial´.

Por su parte el art. 55.I y II del CPCo, respecto al plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional, señaló que: «La acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho»; ´Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace´; materializándose en dicha normativa, el principio de inmediatez al que debe ajustarse el presente medio de defensa, ello en virtud a la necesidad de otorgar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados.

En este sentido y de una interpretación gramatical de las normas descritas, en lo que corresponde, se entiende claramente que los seis meses como plazo para interponer la acción de amparo constitucional debe ser computado a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión judicial o administrativa, claro está, salvando los casos en los cuales se pide complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial, donde en este caso, el plazo correrá desde la resolución que conceda o rechace dicho petitorio; por su parte, la jurisprudencia constitucional señaló:

«El principio de inmediatez, tiene un doble efecto: el primero, positivo referido a que a través de esta vía la jurisdicción constitucional deberá brindar una protección inmediata y oportuna al o a los derecho (s) fundamental (es) restringido (s) o suprimido (s) de manera ilegal o indebida; y, el segundo, negativo, referido a que el titular del derecho fundamental vulnerado, deberá presentar el la acción máximo dentro de los seis meses de conocido el supuesto acto ilegal o la última actuación, siempre que la parte accionante hubiese utilizado todos los medios y recursos idóneos, en principio ante la misma autoridad que incurrió en la lesión al derecho o garantía fundamental y luego, ante las superiores a ésta, hasta agotar todas las instancias, siempre que fueran competentes para hacer cesar el acto ilegal u omisión indebida» (SSCC 1157/2003-R, 1013/2003-R, 1007/2003-R, reiteradas, entre otras, por la SCP 0450/2012 de 29 de junio)”.

En el mismo sentido, la SC 0095/2010-R de 4 de mayo, haciendo referencia a la SC 0560/2003-R de 29 de abril, puntualizó que: “…el amparo podrá ser planteado hasta los seis meses de conocido el acto ilegal u omisión indebida, siempre que no existan otros recursos o medios para dejarlo sin efecto, y para el caso de que se diera el plazo deberá contarse a partir del momento en que se agotó la última instancia..', criterio confirmado por la SC 1155/2003-R de 15 de agosto, que determinó: «.. la persona que se considera agraviada debe activar la jurisdicción constitucional máximo hasta los seis meses de tener conocimiento del acto ilegal u omisión indebida o después de haberse agotado los medios y recursos que se tengan para hacer cesar los mismos, los cuales también deben ser utilizados oportunamente, pues esta condición exige la norma contenida en el parágrafo IV del citado art. 19..».