SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1061/2013-L

La Jueza de Partido Mixta y Sentencia Penal de Cotoca del Distrito Judicial -ahora departamento- de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 09/2011 de 12 de diciembre, cursante de fs. 67 a 71, concedió la tutela solicitada, con costas y responsabilidad por daños y perjuicios, en contra de los demandados; “y otros que hubieren ingresado junto a los demandados o que se hubieren beneficiado del mismo hecho y se encuentren ocupando ilegalmente la propiedad del accionante, con una superficie de 1.404,09 m², (…) ordenando desalojen de una forma pacífica, en caso de resistencia se libre mandamiento de desapoderamiento, para restituir la posesión del terreno mencionado a favor de su propietario, sea ejecutado por el oficial de diligencias de éste juzgado con el auxilio de la Fuerza Pública, con facultad de allanamiento, y con la intervención del Fiscal Asignado a esta jurisdicción” (sic), en base a los siguientes fundamentos: a) El accionante, probó su derecho propietario mediante Testimonio de escritura pública 492/2011 de 11 de agosto, suscrito por el Alcalde Municipal de Cotóca, cuya superficie se vio reducida a 1 404,49 m², con matrícula computarizada 7.01.2.01.0034265 de 12 de agosto de 2011, avasallada violentamente por un grupo de personas, conforme registró el informe policial y acta de verificación emitido por la Notaria de Fe Pública, Soledad Barrientos     vda. de Pinto identificando a los demandados; b) En cuanto a los hechos probados se estableció: i) El derecho propietario a favor de Rosendo Puita Rocha, emergente del Testimonio 492/2011 de 11 de agosto, registrado en DD.RR.; ii) El plano de ubicación aprobado por el Gobierno Municipal de Cotoca; iii) El informe policial del asignado al caso, Rolando Condori Condori que confirmó la situación de avasallamiento; y, iv) El muestrario fotográfico evidencia que el terreno está invadido por personas ajenas a la propiedad que levantaron viviendas precarias con carpas y palos, destruyendo el alambrado; quienes resistieron y se opusieron a la inspección, obligándoles a retirarse; c) Los arts. 128 y 410 de la CPE, instituyen la acción de amparo constitucional contra actos y omisiones ilegales de personas individuales y colectivas que restrinjan, supriman o amenacen restringir los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales, que no es sustitutivo de otros recursos o medios legales para hacer prevalecer cualquier categoría de derechos; d) La excepción al principio de subsidiariedad, resulta admisible ante la restricción o supresión de derechos y garantías constitucionales denunciados que ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación procede la tutela demandada, aunque existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución; en este caso, el proceso penal iniciado en la vía ordinaria, por la presunta comisión de los delitos de allanamiento y amenazas contra las medidas de hecho y actos ilegales que desconocieron y prescindieron de las instancias legales y procedimentales provocando daños de gravedad y merced a que el derecho a la propiedad no se encuentra cuestionado en virtud a la evidencia documental presentada; e) Los demandados tampoco resultaron poseedores del bien inmueble sino que se apoderaron con acciones violentas de hecho; cuya conducta produjo la lesión al derecho a la propiedad privada del accionante, mediante actos ilegales y arbitrarios, dando lugar a un despojo indebido y con uso de la fuerza; y, f) Por su parte, los demandados presentaron fotocopias simples y fotografías que carecen de fuerza legal por no haber sido obtenidas de autoridad competente o autorizada; argumentando que ocupan un basurero, cobijo de mal vivientes y que existirían derechos controvertidos al existir varias partidas computarizadas registradas en DD.RR.; sin tomar en cuenta la aclarativa en la cual interviene el Alcalde Municipal de Cotóca, efectuada mediante documento público; por lo cual, se estimaron las restricciones y vías de hecho que ameritan la protección inmediata que brinda la acción de amparo constitucional.