SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1206/2013
Fecha: 01-Ago-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante Auto Inicial de Proceso Administrativo Disciplinario 01/2012 de 16 de abril, dictado por el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Potosí, se inició en su contra proceso disciplinario administrativo por haber incurrido “supuestamente” en los arts. 10 inc. b); 11 incs. c), l) y ll) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio del Personal Docente y Administrativo -aprobado por Resolución Suprema (RS) 212414 de 21 de abril de 1993-, sin que se describa en el precitado Auto los hechos supuestamente cometidos por su persona y que se subsumen en faltas disciplinarias, acto que vulneró el principio de legalidad y su derecho a la defensa, por lo que ante la falta de descripción de los hechos y la calificación legal, interpuso recurso de apelación contra dicho Auto inicial, ante el Director Departamental de Educación, mismo que por Auto de 27 de abril del mismo año, lo rechazó sin analizar el fondo; razón por la cual, esa autoridad al haberse negado a pronunciarse sobre los agravios denunciados, y al no tener ante quien recurrir- vulneró su derechos, toda vez que no cuenta con la posibilidad de desvirtuar los supuestos hechos vulneratorios de la norma sancionatoria, transgrediendo de esta forma sus derechos a la defensa, de impugnar y al juez natural en su vertiente de imparcialidad y el principio de legalidad.
Posteriormente el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación, el 5 de junio de 2012, amplió de oficio el término de prueba, por lo que un proceso que debería haber durado treinta y cuatro días tuvo una duración de cinco meses y dieciocho días, aplicando la analogía del art. 378 del Código de Procedimiento Civil (CPC), acto que contradice lo dispuesto por el art. 24 inc. c) de la RS 212414, cuyo texto establece que el periodo probatorio es de veinte días, prorrogable sólo por razón de distancia a petición de parte o determinación de oficio.
Luego de haber producido las pruebas de cargo y descargo el 29 de junio de 2012, se dictó el Fallo Definitivo del Proceso Administrativo Disciplinario 01/12, declarando probada la denuncia formulada por Ana María Romero Vidal, Directora de la Unidad Educativa Luis Felipe Manzano “A”, disponiéndose en consecuencia la suspensión de sus funciones por sesenta días en el cargo de Maestra de aula, sin goce de haberes y postergación de ascenso de categoría por un año. Ante esta situación y después de haber apelado, mediante Resolución Administrativa Departamental en Grado de Revisión de 30 de julio de 2012, emitida por el Director Departamental de Potosí, se anuló la Resolución de primera instancia, en mérito a que el mencionado fallo vulneró el principio de congruencia que debe existir entre la falta tipificada y la sanción impuesta, por lo que se dispuso que el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación, pueda pronunciar nueva resolución final en el plazo establecido por ley.
Emergente de la nulidad dispuesta por el Director Departamental ahora demandado, el citado Tribunal Disciplinario procedió a emitir el Fallo Definitivo del Proceso Administrativo Disciplinario 01/12 de 15 de agosto, en el que dispuso declarar probada la denuncia en su contra, por la comisión de faltas muy graves, previstas en el art. 11 inc. l) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio del Personal Docente y Administrativo, sancionándole conforme el art. 12 y 13 inc. c) del citado Reglamento, vale decir, con la destitución del cargo de Maestra de aula que venía ejerciendo por la gestión 2012.
Ante esta situación, al causarle agravios Fallo Definitivo del Proceso Administrativo Disciplinario 01/12 de 15 de agosto, planteó el recurso de apelación, por lo que se pronunció la Resolución Administrativa Departamental en Grado de Revisión de 19 de septiembre de 2012, de manera injusta estableciéndose responsabilidad disciplinaria y no solamente ratificó la decisión final dictada por el Tribunal de primera instancia, sino que se le agravó la sanción oficiosamente, al destituirla indefinidamente de su cargo de maestra, sin mayores fundamentos vulnerando el principio “reformatio in peius”y su derecho al debido proceso.
- Melva Anagua Chumacero
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- concedió en parte
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- …el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- 'La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes'.
- Resumiendo, podemos decir que el debido proceso ha sufrido una transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos, es decir que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. El debido proceso constitucional no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso
- el debido proceso, consagrado en el texto constitucional en una triple dimensión, en los arts. 115.II y 117.I como garantía, en el art. 137 como derecho fundamental y en el art. 180 como principio procesal; y, en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), como derecho humano
- este derecho fundamental no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aun más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material.
- Este entendimiento consiste básicamente en el papel que debe desempeñar el juez o del tribunal colegiado que tiene por especial misión el administrar la jurisdicción constitucional, dentro de su tarea de velar por la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, por lo que tendrá casos especiales en los que se tendrán que evaluar el cumplimiento del debido proceso formal y material, en los que posiblemente, los hechos denunciados se acomoden dentro de las leyes y estatutos que normen este tipo de situaciones, es decir, que las autoridades demandadas hayan cumplido con la normativa aplicable al caso, entonces nos encontramos con un debido proceso formal, sin embargo, si del análisis se establece que dicha normativa es de por si restrictiva de los derechos de defensa, o vulnere la seguridad jurídica de la administración de justicia y de los propios accionantes, entonces el juzgador deberá conceder la tutela precautelando sobre todo el orden justo y el debido proceso material
- “…el derecho a la defensa es la potestad o facultad que tiene toda persona para desarrollar los actos procesales necesarios, así como producir y presentar todas las pruebas pertinentes, para desvirtuar los términos y extremos de la imputación o acusación que pesan en su contra
- para desvirtuar las acusaciones que se infieren en su contra afirmando su inocencia ante cualquier situación que le asigna el matiz de una supuesta culpabilidad. El mismo es predicable en todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento.
- el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio
- III.3. Análisis del caso concreto
- se evidencia que el Tribunal de Revisión (constituido por el Director Departamental de Educación de Potosí), a través de Auto de 27 de abril de 2012, al declarar improcedente e impertinente, el recurso de apelación que presentó la accionante contra el Auto Inicial de Proceso Administrativo Disciplinario 01/2012 de 16 del mismo mes y año
- 29 de junio, el Tribunal Disciplinario emitió fallo definitivo del proceso administrativo disciplinario, en el que se declaró probada la denuncia interpuesta por la Directora de la Unidad Educativa Luís Felipe Manzano “A” contra la accionante por la comisión de faltas muy graves, aplicando circunstancia atenuantes o disminuyentes a favor de la denunciada, sancionándola con la suspensión de sus funciones sin goce de haber de 60 días,
- por la Resolución Administrativa Departamental en Grado de Revisión de 30 de julio de 2012, el Tribunal Disciplinario, en fecha 15 de agosto del mismo año emite el fallo definitivo del proceso administrativo 1/2012, declarando probada la denuncia previamente detallada, y sancionó a la accionante con su destitución del cargo de Maestra de Aula por la gestión 2012
- (Auto Inicial de Proceso Administrativo Disciplinario 01/2012 de 16 de abril, emitido por el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación; y Auto de 27 de abril de 2012, pronunciado por el Tribunal de Revisión, que declaró la improcedencia del recurso de apelación formulada contra la Resolución precitada por cuestiones de forma)
- conceder parcialmente
- CONFIRMAR