SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0040/2014

Teniendo clara la vinculación existente entre el debido proceso y el derecho a la defensa que fue desarrollado precedentemente, ahora se debe establecer si evidentemente no se dio oportunidad a la accionante a impugnar las penalidades impuestas por considerar que eran injustas; en tal sentido, necesariamente debemos referirnos a los alcances y formación del vínculo contractual existente entre Emacruz y Suma SRL; de esta forma, revisados los antecedentes, se puede constatar la existencia de dos contratos vinculantes a ambas partes a su cumplimiento, existiendo en ambos cláusulas compromisorias para que en caso de controversias, se deba acudir ante la vía de la conciliación y arbitraje, en este sentido, primero deberemos referirnos a los alcances de los contratos, para luego analizar el arbitraje y la conciliación.

Así, la SC 0824/2005-R de 25 de julio señaló: '…según lo estipulado, en el Contrato suscrito por el recurrente a nombre de la entidad que representa y la entidad estatal recurrida, acordaron someterse, a petición de cualquiera de las partes, a los mecanismos que la ley prevé en materia de conciliación y arbitraje, por lo que, al producirse la instrucción para la ejecución de la Boleta de Garantía emitida por una entidad del sistema de la banca privada que a criterio del recurrente generó una controversia respecto de la aplicación de los términos del contrato, debió acudirse a las vías referidas para lograr solucionar la misma, y no acudir al amparo que sólo otorga tutela subsidiaria para proteger los derechos fundamentales y garantías constitucionales, y en ningún caso podrá resolver las controversias surgidas de la aplicación de las cláusulas que contiene un contrato. En ese mismo sentido, la SC 0698/2003-R, de 22 de mayo, al referirse a un caso en el que el recurrente acudió a la vía del amparo cuando el contrato base de su pretensión, las partes «convinieron resolver sus controversias o diferencias por la vía judicial o arbitral, por lo que, (…) debió acudirse a las vías referidas para lograr solucionar la misma, y no acudir al amparo que sólo otorga tutela subsidiaria y menos aún puede otorgarla cuando se trata de controversias surgidas de un contrato, cualquiera sea su naturaleza». Por lo precedentemente señalado, se evidencia que la Empresa que representa el recurrente, tenía expedita la vía para hacer valer sus derechos presuntamente lesionados en y/o con relación al contrato, lo que determina la improcedencia del recurso, pues los derechos fundamentales y garantías constitucionales que se cree se han lesionado y de los que se pretende sean restablecidos mediante el amparo, no es posible, puesto que de acuerdo con lo establecido en el art. 19.IV de la CPE, la autoridad concederá el amparo «siempre que no hubiere otro medio o recurso legal» para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados', jurisprudencia reiterada por amplia jurisprudencia entre ellas las SSCC 0107/2001-R 0223/2005-R 0303/2001-R, entre otras”.