SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0140/2014
Fecha: 10-Ene-2014
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 18 de junio de 2009, a denuncia de Gonzalo Jaime Burgoa Rocabado, se inició proceso penal contra Adriano Alfredo Cossío Pérez y otros, por la presunta comisión del delito de asesinato de Jéssica Alejandra Burgoa Osorio, siendo ampliada contra sus personas por la gravedad del caso, razón por la cual en audiencia de medidas cautelares se dispuso su detención preventiva en el penal de San Pedro, que cesó después de ocho meses aproximadamente. Una vez realizada la investigación por la comisión de fiscales, se dispuso su sobreseimiento; empero, éste fue revocado por el entonces Fiscal de Distrito, quien conminó al Fiscal de Materia a cargo de la investigación para que formule la acusación por el delito de encubrimiento; la cual se encuentra en sede del Tribunal Primero de Sentencia Penal para juicio oral.
En la audiencia conclusiva de 29 de agosto de 2012, interpusieron la extinción de la acción penal por prescripción, amparados en los arts. 27 inc. 8), 29 inc. 3), 30 y 308 inc. 4) del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal, resolvió dicho incidente mediante Resolución 966/2012 de 24 de septiembre, con un fundamento completamente diferente al formulado y “confundiendo la extinción de la acción penal por prescripción, con la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso previsto por el art. 133 del C.P.P.” (sic). Una vez que fueron notificados solicitaron explicación y enmienda por existir contradicción en dicha Resolución; sin embargo, la autoridad judicial -ahora demandada- con otros razonamientos dictó el Auto Complementario de 15 de octubre del año señalado, confundiendo aún más el planteamiento y la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción, con la de duración máxima del proceso. Es así, que contra ambos fallos presentaron recurso de apelación incidental, que radicó en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -también ahora demandada-, Tribunal que por Auto de Vista 13/2013 de 1 de marzo, confirmó el Auto 966/2012, emitida por el Juez a quo, con la fundamentación completamente alejada al planteamiento realizado por los accionantes y razonamientos diferentes a los formulados en el incidente, confundiendo así, aquellos institutos de la extinción de la acción penal por prescripción con la duración máxima del proceso.
Refieren también, que la extinción de la acción penal por prescripción prevista por el art. 27 inc. 8) del CPP, se computa a partir de la media noche en que se cometió el delito y la de duración máxima del proceso, a partir del primer acto del procedimiento, tal cual señala el art. 133 del citado Código.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i
- “CON LUGAR EN PARTE”
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos'
- El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.
- la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento
- lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma
- cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia,
- la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.
- la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión,
- En ese sentido, el juez o tribunal no podrá iniciar una acción invocando ciertas conductas previamente tipificadas para en el curso de la sustanciación del proceso, cambiar las mismas, o peor aún, arribar a una conclusión de que fueron vulnerados otros preceptos por los cuales no se dio inicio al proceso en curso, aquello indudablemente significaría vulneración del principio de congruencia y atentatorio contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto efectivamente se deja en indefensión al procesado quien no podrá asumir la misma de una manera efectiva, alterando inclusive la producción de la prueba de descargo
- impone al tribunal o juez de alzada el deber de su rectificación, asegurándose la estricta correspondencia entre la acusación y el fallo
- , por una parte respecto al proceso como unidad, a delimitar el campo de acción de las partes y del órgano jurisdiccional en la que condiciona su desenvolvimiento; por otra, respecto a la estructura de la Resolución, a fin de que absuelva todos los puntos a consideración del juzgador'.
- la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes
- la congruencia vela por la conexitud del objeto del proceso entre la acusación y la sentencia, en atención a los hechos atribuidos e impidiendo la sanción sobre otros arbitrariamente incluidos. A decir de Claus Roxin, los hechos referidos en la acusación se constituyen en el objeto del proceso penal, que circunscribe su desarrollo a lo descrito en ella (Derecho Procesal Penal. Editores Del Puerto. Buenos Aires, 2010). Al respecto, el 'hecho' no es simplemente un determinado tipo penal, sino el acontecimiento fáctico que puede o no configurar una conducta típica
- III.5. Alcances y fines de la extinción de la acción penal por prescripción
- En principio, es necesario recordar que la prescripción constituye una institución jurídica en virtud de la cual, y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecución penal del Estado ejercitada a través de los órganos jurisdiccionales, o por los particulares en los delitos de acción privada. Se funda en un interés social por cuanto el Estado no puede prolongar indefinidamente en el tiempo la persecución penal, ya sea por negligencia de la víctima o falta de interés de los órganos encargados de la misma.
- En materia penal sostiene el mismo tratadista que involucra la: 'extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo sin perseguir el delito o falta luego de quebrantada la condena'
- III.6. Análisis del caso concreto
- Desde la nueva visión constitucional, existen delitos cuya inocuidad merece un tratamiento específico, respeto a la variable 'tiempo', por una parte, se prevé que a estos ilícitos no les afecte el transcurso del tiempo, y por otra, que en ningún caso pueda admitirse su impunidad. Estas premisas se aplicarán al caso concreto, limitando los beneficios procesales para el encausado y ampliando las formas y plazos para los tribunales de justicia
- cuando explicando la aplicación de las previsiones del Art. 27 en el que se comprende la prescripción en su num. 8 del Pdto., 'previamente se debe verificar la concurrencia de los supuestos de hecho que se desprenden de las citadas normas a objeto de declarar haber lugar o no intervienen varios imputados o si son hechos relacionados al narcotráfico o hechos contra la vida e integridad de la persona o hechos contra bienes del Estado, se debe denegar la extinción de la acción penal'
- Empero; entendiendo la regla de la jurisprudencia citada corresponde considerar los supuestos hechos emergentes del Art. 27 num. 10 del Pdto. Penal entre los que encontramos el supuesto de la responsabilidad de los imputados en la acción dilatoria asumida a ejercer su defensa conforme estableció el juez a quo, vinculando la excepción opuesta por éstos a la jurisprudencia aplicada en dicha resolución referida a la previsión legal citada
- conceder en parte
- REVOCAR