SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0009/2014-S2

Al respecto, y en base al entendimiento jurisprudencial precedentemente desarrollado, la SC 0718/2005-R de 28 de junio, estableció que para que el Tribunal cumpla su labor de revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria, es necesario que: “…la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional” (las negrillas nos corresponden).

En consecuencia, excepcionalmente puede analizarse la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios; sin embargo, es necesario que el o los accionantes, a tiempo de cuestionar la legalidad ordinaria, cumplan ciertas exigencias, las mismas que han sido desarrolladas en la SC 1718/2011-R de 7 de noviembre, señalando:

3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional”. Entendimiento que ha sido reiterado por la SCP 0615/2012 de 23 de julio. 

De la jurisprudencia constitucional precedentemente glosada, se establece que la jurisdicción constitucional, abre su ámbito de protección ante situaciones en las que se denuncie error en la interpretación de la legalidad ordinaria o indebida aplicación de las normas, que tengan por consecuencia la vulneración de los principios y valores constitucionales y consecuentemente afectación de derechos fundamentales; para cuyo fin, el accionante deberá, imprescindiblemente, expresar de manera clara, precisa y concreta, de qué manera esa interpretación resulta irrazonable, por ser insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando en el caso concreto, cuáles son las reglas de interpretación que fueron omitidas por dicha jurisdicción ordinaria, estableciendo el nexo de causalidad entre el hecho y la lesión causada.