SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0056/2014-S2

        La línea jurisprudencial precedentemente señalada es modulada por la presente sentencia, cambio de entendimiento que responde a un real acceso a la justicia constitucional, a una tutela constitucional efectiva y a una interpretación extensiva y bajo pautas de hermenéuticas armoniosas al postulado plasmado en el art. 256.1 de la CPE, que indica que el principio de favorabilidad; por cuanto, en base al Fundamento Jurídico III.4, se establecen los siguientes presupuestos: i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros.” (el resaltado es nuestro).

En ese orden, asumiendo el entendimiento citado, cuando tenga que solicitarse la protección del Estado ante la existencia de avasallamientos los cuales constituyen también vías de hecho, el solicitante de tutela debe, entre otros, acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas asumidas sin causa jurídica, es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, una vez cumplidos con los presupuestos descritos precedentemente, el control tutelar de constitucionalidad, de manera pronta y oportuna, deberá brindar la tutela pedida para resguardar así los pilares esenciales del estado constitucional de derecho.