SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0061/2014-S3

La Sala del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 08/2014 de 21 de marzo, cursante de fs. 256 a 260, denegó la tutela demandada, en mérito de los siguientes fundamentos: 1) El Gobierno Autónomo Departamental de Beni se encuentra regido por el Estatuto del Funcionario Público, por lo que a su interior no existe contratos laborales o civiles, puesto que los servidores de dicha entidad se hallan regidos bajo el Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 2009; por consiguiente, sólo se celebran contratos administrativos, los cuales no generan una relación obrero-patronal, en ese contexto el contrato que se acompaña es un contrato administrativo de prestación de servicios, por lo que no se encuentra favorecida para acceder al pago de beneficios sociales, prestación de seguridad social, aguinaldo y otros derechos reconocidos en sede laboral; toda vez que, no ingresa en el ámbito de los trabajadores asalariados protegidos por la Ley General del Trabajo, menos se halla inmersa en el ámbito de la carrera administrativa, prestando solo un servicio de apoyo; 2) El contrato que suscribió la accionante con la Unidad Desconcentrada del PROINSA-SUSA, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, se encuentra sometido a un régimen de prestación de servicios especiales; por consiguiente, al no permitirse a la accionante continuar la prestación de servicios, corresponde a la facultad discrecional de la entidad estatal demandada, determinar su retiro; 3) En los diferentes contratos suscritos, se consintió y reconoció implícitamente, que no le asiste los beneficios que regula la Ley General del Trabajo, pues pertenece a un régimen de contratación especial, sumado al hecho de que el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que los funcionarios de libre contratación, son también de libre remoción; y, 4) En consecuencia la situación de la accionante, se adecua a la norma prevista en el art. 6 del EFP, por lo que no tiene la condición de ser funcionaria de carrera, quienes si gozan del derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral, menos tiene facultades para plantear los recursos de revocatoria y jerárquico, no siendo cierto que se haya vulnerado los derechos identificados como tal.