SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2014-S1

En este sentido la audiencia conclusiva resulta ser la fase previa al juicio oral, que debe concluir necesariamente una resolución expresa y debidamente fundamentada, sobre cada una de las cuestiones debatidas y resueltas en esta audiencia, resolución que será notificada en este mismo acto por su lectura, conforme lo determina el art. 328 del CPP, correspondiendo únicamente la notificación dentro de las veinticuatro horas de los demás sujetos procesales que no participaron de dicha audiencia, de acuerdo al art. 160 del CPP, término que podrá reducirse por disposición de la autoridad jurisdiccional; diligencias que permiten el cómputo del plazo de tres días para la apelación incidental, conforme a lo dispuesto por el art. 403 del CPP; plazo después del cual: “…es obligación de las autoridades públicas, velar por el cumplimiento de los principios rectores de la función de impartir justicia, como son la seguridad jurídica, la legalidad y la celeridad, así como el subprincipio de oportunidad; y continuar con la tramitación de la causa dentro los plazos mínimos, o al menos razonables, desde que asumen conocimiento de la causa hasta su conclusión, lo que implica sin duda, que tienen el deber de controlar que sus determinaciones sean cumplidas por el personal a su cargo; siendo que, desde el punto de vista constitucional, no es admisible la demora en la tramitación de un proceso penal, por inactividad del aparato judicial y menos aun cuando se verifica que durante ese tiempo, el cuaderno procesal no fue sometido a ningún tipo de movimiento procesal, y tan sólo quedó rezagado por negligencia de los operadores de justicia en las notificaciones y demás trámites administrativos que permiten su remisión a la instancia competente.

En virtud a lo señalado, corresponderá a los jueces cautelares a cargo de los procesos penales, velar porque el cuaderno procesal, una vez concluida la audiencia conclusiva y emitida la resolución correspondiente, debidamente notificada dentro los plazos legales a las partes y terceros interesados, una vez ejecutoriada la misma, dependiendo de la eventual presentación de impugnaciones, luego de transcurridos tres días a partir de la notificación con el fallo, si no se hubiera planteado apelación alguna, cuando corresponda, remitir de inmediato física y electrónicamente los antecedentes del proceso ante el Tribunal de Sentencia de turno, para el inicio del juicio oral.

Al respecto, cabe puntualizar que en la SCP 0110/2012 de 27 de abril, el Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció lo siguiente: “…una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal, implica el desconocimiento de la garantía del debido proceso y la violación del principio de celeridad procesal, que puede dar lugar incluso, a la conclusión del proceso cuando los jueces y tribunales de justicia no dirigen e impulsan su tramitación hacia su conclusión dentro de un plazo razonable; toda vez que ellos tienen la obligación de dirigir el proceso y concluir el mismo en tiempo oportuno y conforme a ley, pues obrar en forma tardía o lenta en contra de las normas estatuidas no es administrar justicia; por lo que el impulso procesal, entendido como la acción de llevar adelante el proceso hacia la sentencia definitiva, no es de responsabilidad exclusiva de las partes litigantes, sino principalmente de los propios órganos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento da lugar a la retardación de justicia, lo cual amerita se adopten las medidas necesarias encaminadas a evitar la paralización del proceso o su dilación indebida a través de la ejecución de actuados procesales en plazos demasiado prolongados, cuando, por ejemplo, no están expresamente normados en nuestra economía procesal…”, tal como ocurre en los plazos para la remisión de antecedentes