SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0068/2014-S1

Por otra parte, mediante testimonio 2104/1998 de 17 de julio, las personas que responden a los nombres de Wálter Emilio Ticona Ávila por sí y como apoderado de Pánfilo Roberto Ticona, Germán Ticona Ávila y otros, le vendieron 7000 m² de terreno, que luego de la apertura del río quedó prácticamente reducido a nada; sin embargo, lo poco que quedaba Martín Ante Zenteno y familia, también ingresaron a avasallar.

Asimismo, le vendieron una fracción de terreno con una extensión de 700 m², signado con el lote 2, del manzano “Q” de la urbanización “El Pedregal”, mediante escritura pública “2797”, suscrita por Martín Ante Zenteno y otros, el que vendieron también a otras personas; no obstante, a efecto de no tener problemas aceptó una conciliación por la que le dieron un lote únicamente de 300 m², también inscrito en DD.RR.

Añade que, el plano de ubicación, la información rápida, certificado alodial y tarjeta computarizada, demuestran -según afirma- que es propietario de los bienes inmuebles señalados, que luego de detentarlos por varios años, fueron avasallados por los denominados “sin techo”, y cuando intentó ingresar a su propiedad, fue amenazado, insultado, denigrado, y golpeado por estas personas que están moviendo tierra con tractor y utilizando una volqueta para sacarla.

Con el objeto de frenar las construcciones y detener aquella situación, presentó denuncia a la “Alcaldía de Obrajes”, sin obtener ningún resultado por lo que interpuso querella por estafa, estelionato y asociación delictuosa habiendo sido asignada al caso la Fiscal de Materia, Hilda Mery Gutiérrez Martínez, quien después de una larga investigación presentó imputación formal contra aquellos; no obstante, más tarde optó por el sobreseimiento a favor de los mismos, frente al cual presentó impugnación dentro de término. Agrega que, la citada Fiscal, se olvidó del caso y lo archivó, hasta que vino una nueva Fiscal que solamente debía remitir el cuaderno de investigación al superior en grado que a pesar de sus ruegos y súplicas no lo hizo hasta el presente, generándole indefensión jurídica. Todo quedó como simples denuncias y los avasalladores permanecen construyendo en sus predios a vista y paciencia de las autoridades municipales, Ministerio Público, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, a quien como controlador jurisdiccional, denunció los hechos sin obtener resguardo a sus derechos conculcados.