SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0083/2014-S1

Lo cual significa, que no es posible que el agraviado deje pasar cierto tiempo sin prestar atención al trámite, es decir actuando sin interés en causa propia, y después de un tiempo, nuevamente vuelva a reclamar y luego otra vez abandonar su reclamo o medio impugnativo, y así sucesivamente sólo para interrumpir o dejar en suspenso el plazo de caducidad, sin que frente a una falta de definición se acuda rápidamente al amparo como mecanismo de protección inmediata. Estos aspectos no pueden pasar inadvertidos, pues cada acción de un ciudadano tiene una consecuencia jurídica, y la actitud desidiosa no puede encontrar respaldo en esta jurisdicción que no actúa de oficio, sino a instancia de parte” (las negrillas nos pertenecen).

Entonces, sintetizando los entendimientos glosados supra, debemos entender que “acto consentido” es aquel acto -administrativo o judicial- que supuestamente ocasionó lesión a derechos y garantías constitucionales y contra el cual, no se interpuso un recurso o no se activó algún medio de defensa dentro de los plazos establecidos al efecto por la ley.

En consonancia con tal razonamiento, el principio de inmediatez que rige a la acción de amparo constitucional, descrito en el art. 55 del CPCo, determina que la misma podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho.

De donde se infiere que, en materia constitucional, existirá acto consentido, cuando la impugnación del acto -jurisdiccional o administrativo-, que presuntamente vulnere derechos y/o garantías constitucionales, se efectúe de manera extemporánea; es decir, luego de transcurridos los seis meses previstos para la activación de la presente acción tutelar.

Dicho de otra forma, los actos consentidos, se entenderán como la inactividad del sujeto procesal, ante una supuesta lesión a sus derechos y garantías constitucionales, para reclamar dentro de los plazos legales, la restitución de los mismos; inactividad en causa propia que se constituye en consentimiento tácito del acto reclamado, y que por ende, amerita denegación de tutela; no siendo viable, conforme a la jurisprudencia contenida en la SC 0128/2010-R (citada en el Fundamento Jurídico precedente) proceder al cómputo del plazo desde la última actuación, menos aún, cuando se hace evidente la actitud desidiosa en la tramitación de la causa por parte del accionante, a través de actuaciones esporádicas que pretenden únicamente interrumpir o suspender el plazo de caducidad para la activación de la jurisdicción constitucional.