SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2014-S2

ii) Los hospitales o clínicas, para el cobro de deudas emergentes de internación y honorarios médicos; es decir, de los gastos realizados en un nosocomio, cuentan con las vías procesales adecuadas para su cobro; por lo que, ante la falta de cancelación de dichos adeudos, no es posible que procedan a la privación de libertad de un paciente, puesto que resulta ser una medida de hecho, que desde ningún punto de vista es aceptable, ya que implica la vulneración del derecho a la libertad, que es tutelado por la justicia constitucional. Asimismo, debe aclararse que, cuando se evidencia tal situación, el monto económico que los hospitales pueden cobrar por la atención brindada a un paciente, ya sea al mismo paciente o a un tercero que asumió el compromiso, únicamente puede ser hasta el momento en que al paciente se le haya dado de alta y no alcanza a los gastos de internación y alimentación de los días que se impidió salir al paciente, de lo contrario se otorgaría efecto jurídico a una actitud ilícita; vale decir, admitir una deuda originada en un procedimiento al margen del orden constitucional” (las negrillas son nuestras). Entendimiento que ha sido reiterado por la SCP 2050/2013 de 18 de noviembre.

De donde se infiere que, a título de garantizar el cumplimiento de una obligación pecuniaria, los centros hospitalarios, ya sean públicos o privados, no pueden privar de libertad a una persona que recibió la prestación de servicios, traducidos en los gastos hospitalarios efectuados, y ante su inobservancia, corresponde ser denunciada a través de la acción de libertad, ya que implica la vulneración del derecho a la libertad, que es tutelado por la justicia constitucional.