SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0154/2014-S2

El 25 de noviembre de 2013, producto de la Asamblea General de Socios de la Unión de Artesanos Cruceños “UNARCRUZ” en relación al punto cuarto del temario presentado, el Directorio lanzó la propuesta de cambiar la “jatata” de los puestos de venta en el Paseo Artesanal “La Recoba” en la suma de Bs621.- (seiscientos veintiún bolivianos) por cada caseta comercial y Bs200.- (doscientos bolivianos) pro oficina de informaciones, baños y snack, haciendo un total de Bs821.- (ochocientos veintiún bolivianos) por cada socio.

Siendo así, que al ser un monto muy elevado y al amparo del art. 34 inc. b) del Estatuto de la institución artesanal, hicieron uso de la palabra, manifestando que: “…cómo es posible de que se cobre tanto dinero si nuestra institución tiene fondos, como es posible que los miembros del Directorio vienen siendo Dirigentes tanto tiempo los mismos todos los años, se compran lapiceros todos los días, no se lleva un buen control de nuestra economía que si hiciéramos una Auditoria se encontrarían muchas FALENCIAS“ (sic), por lo que el Directorio de manera autoritaria y sin consultar a las bases, en Asamblea del 26 del mismo mes y año señalado resolvieron ser castigados, pero previo análisis del Directorio y del Tribunal de Honor, Conciliación y Arbitraje. Es así que, el 20 de enero de 2014, en una nueva Asamblea General dieron lectura a la Resolución 01/2014 por la que se determinó aperturar el proceso sumario disciplinario interno contra sus personas, pese a haber realizado sus aclaraciones y opiniones que fueron manifestadas de acuerdo a sus estatutos orgánicos.

Posteriormente, y sin haber sido notificados con ningún proceso sumario interno, el 10 de febrero de 2014, se dio lectura a la Resolución 02/2014, por la que fueron suspendidos en su calidad de socios de “UNARCRUZ” por el periodo de un mes, no pudiendo participar de ninguna actividad y debiendo permanecer cerradas sus casetas comerciales de venta de productos de artesanía. A consecuencia de ello, el 22 del mismo mes y año les entregaron las copias de dicha determinación, tanto a sus personas como a todos los socios. Sin embargo, vanos fueron los intentos de llegar a conciliar y solicitar un debido proceso, e incluso recurriendo a las autoridades municipales para que intercedan y medien en el presente conflicto, así como las cartas notariadas que fueron enviadas al Tribunal de Honor solicitando que se proporcione la documentación del supuesto proceso para que en el marco del derecho puedan asumir defensa, petición que no se cumplió, vulnerándose así sus derechos y garantías constitucionales.