SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0428/2014
Fecha: 25-Feb-2014
II.2.
II.2. Mediante Acta de Denuncia de 12 de junio de 2013, suscrita ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, el accionante formalizó denuncia contra Juan Carlos Bowles Rivero, Melodi Ortiz Tacana -ahora demandados- y otros, por los presuntos delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y otros refiriendo que el 17 de febrero de 2012, su persona adquirió de Mary Carmen Lord Ishida, apoderada legal de Francisco Javier Pérez del Castillo Suarez, un lote de terreno ubicado en la zona norte de la ciudad, área denominada “El Valle”; predios que, sin embargo, fueron avasallados por los denunciados y otros “(…)quienes pretenden justificar un derecho de propiedad exponiendo documentación fraguada, con lo cual han irrumpido los predios y están en posesión ilegalmente, incluso realizando algunas mejoras, como una barda perimetral(…)” (sic), exhortando al codemandado Juan Carlos Bowles Rivero -mediante carta notariada de 6 de mayo de 2013-, la inmediata desocupación de su terreno, demostrando que el portador de los documentos legales es su persona (fs. 32).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- el objeto
- III.1. La acción de amparo constitucional. Su configuración constitucional
- Fragmento 11
- Fragmento 12
- el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos
- debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.
- Fragmento 15
- i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos;
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR