SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0765/2014
Fecha: 21-Abr-2014
1)
Rogelio y Félix, ambos Fernández Mamani, a través de su abogada, en audiencia manifestaron lo siguiente: 1) Los accionantes, señalan que las autoridades demandadas hubieran actuado de forma ultra petita; sin embargo, contrariamente indican también que debieron actuar y analizar íntegramente el fallo; 2) El Tribunal de apelación, en la audiencia, otorgó igualdad de oportunidades a las partes para que asuman su defensa, expresando los fundamentos y los puntos de derecho; por ello, la Resolución es clara, toda vez que se valoró cada uno de los elementos de prueba que han sido presentados ante dicho Tribunal, analizando los supuestos actos vulneratorios; y, 3) Una autoridad jurisdiccional no puede ser sometida a una acción de amparo constitucional, por no fundamentar adecuadamente, existen los recursos, los medios legales; además, los Vocales demandados, señalan que estas resoluciones no tienen calidad de cosa juzgada material y pueden ser revisadas incluso de oficio; solicitando denegar la presente acción tutelar.
Pronunciada la Resolución y, ante la solicitud de complementación y enmienda por la parte querellante, las autoridades ahora demandadas, manifestaron: 1) Con relación al numeral 8 del art. 234 del CPP, es evidente lo extrañado, se refiere a antecedentes policiales, los mismos que han sido considerados y tomados en cuenta y, se hallan reflejados en la Resolución 22; 2) Con relación a los numerales 3 y 10 del art. 234, que habrían sido considerados por este Tribunal, sin que se haya solicitado por la parte apelante, se debe señalar que también este Tribunal funge y hace las veces de juez cautelar; consiguientemente, de la valoración integral de todos los elementos y demás antecedentes que hacen a la apelación incidental, se ha determinado la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los citados numerales; 3) Con relación a la proporcionalidad en el hecho que se investiga relativo a la comisión del delito de robo agravado “en cuadrilla” (sic), el Tribunal estableció que eso no es parte del proceso investigativo, toda vez que al concluir con la investigación se determinará la autoría o no de los procesados o imputados; y, 4) Respecto a los demás puntos, el Tribunal realizó un análisis integral de los riesgos mencionados en la Resolución 22, no existiendo puntos a ser aclarados (fs. 808 a 812 vta.).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- actuando de manera ultra petita, toda vez que consideraron en la audiencia de apelación, aspectos que no fueron reclamados a momento de interponer el recurso.
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- 1)
- denegó
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma
- cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido
- el juez o tribunal, dentro de un procedimiento judicial, emitirán su fallo exponiendo con claridad los motivos en los cuales sustentan su decisión, con la finalidad de dejar certeza a las partes actoras del litigio que se obró conforme a la normativa legal vigente, tanto sustantiva como adjetiva, además, en franco respeto por los principios y valores que rigen el ordenamiento jurídico;
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución asumida
- a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
- las reglas del debido proceso se tienen cumplidas en cuanto a su elemento motivación, solamente en la medida en la cual se observen estrictamente los requisitos antes señalados; entonces, la omisión o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, constituye una vulneración a este derecho y por tanto, una vez agotados los mecanismos internos para el cuestionamiento a decisiones jurisdiccionales o administrativas, deben tutelarse a través del amparo constitucional”
- III.2.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones que impongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares pronunciadas en apelación y el alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP
- se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria
- sino también en las decisiones que se emiten a efectos de rechazar las solicitudes de cesación a la medida cautelar de privación temporal de libertad, su sustitución o modificación; es decir, una debida fundamentación es exigible tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia como en aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial (art. 124 del CPP)
- los Tribunales de alzada, solo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado con relación a la resolución apelada
- “la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto
- III.3. Análisis del caso concreto
- debiendo circunscribir sus resoluciones a los aspectos que hayan sido cuestionados en la Resolución del Juez a quo
- no realizaron un análisis integral de la documentación presentada, a objeto de disponer la revocatoria del citado Auto Interlocutorio que justifique la aplicación de las medidas sustitutivas a la detención preventiva dispuestas, denotándose en consecuencia falta de fundamentación y motivación en la que incurrieron, al momento de pronunciar el Auto de Vista 146/2012 de 12 de noviembre.
- sólo podían resolver los agravios expresados por la parte imputada, relacionado a la concurrencia del art. 233.1 del adjetivo penal mencionado por el imputado, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no cuestionó respecto a la resolución apelada
- se ha encontrado y determinado la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los num. 3 y 10 del art. 234 del CPP”
- implicando además que los jueces y tribunales de alzada, deban responder a cada uno de los agravios planteados por los apelantes, lo que no significa realizar una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino más bien una estructura de forma y fondo que permita a la partes conocer cuáles son las razones que llevaron al juzgador a tomar una determinada decisión.
- REVOCAR en todo
- 1º CONCEDER en parte