SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0819/2014

En relación a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad la SC 0008/2010-R de 6 de abril, señaló: “…en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas son nuestras).

Asimismo, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció: “Empero, así como los derechos no son absolutos, el ejercicio de los mecanismos de defensa tampoco son ilimitados, y en el caso nuestro, al ser Bolivia un Estado Unitario Social de Derecho, con sus propias características como lo reconoce el art. 1 de la CPE; entre otros, se rige por los valores del respeto, complementariedad, armonía, transparencia y equilibrio, tal cual previene el art. 8.II de la CPE, en consecuencia, todo acto de las entidades que administran justicia, deben sujetarse a los principios y valores constitucionales, a los que también está sujeto este Tribunal Constitucional, de tal manera que debe evitar cualquier intromisión, pero también conflicto o tensión con otras jurisdicciones, como es la ordinaria, debiendo en todo caso actuar dentro de los márgenes de razonabilidad y equilibrio.

(…) la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones…”.

Ahora corresponde referirse a las resoluciones emitidas por los juzgados de ejecución penal, que revocan el beneficio de libertad condicional, y determinar si dentro del ordenamiento jurídico, contra dichas resoluciones existe un mecanismo de impugnación, cuando a criterio del condenado se hayan vulnerado sus derechos constitucionales. En ese sentido, el art. 176 de la LEPS, de forma específica establece que los Jueces de Ejecución Penal, en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas, en audiencia podrán revocar los beneficios de extra muro y libertad condicional; señalando además la misma norma que dicha resolución es apelable.

Por lo que en el presente caso, la resolución emitida por el Juez Primero de Ejecución Penal, que revoca la libertad condicional de la ahora accionante, es pasible de ser apelada, y deberá ser el tribunal de apelación quien determine si al revocar dicho beneficio se vulneran los derechos de la misma. Es así que al existir un mecanismo de impugnación idóneo a través del cual se pueda impugnar la resolución que ahora denuncia la accionante como lesiva a sus derechos, se aplica la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.