SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0855/2014

A partir del año 2010, el Ministerio Público siguió en su contra, una acción penal, instaurada a denuncia del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), proceso en el cual, cuando aún ejercía el cargo de Juez, asumió su derecho a la defensa, presentando pruebas de descargo en el sentido de que no se podía llevar una acción penal cuando existen fallos ejecutoriados; lamentablemente, de forma ilegal se dio curso a una persecución penal en su contra.         

En ese orden de cosas refiere que, el 13 de marzo de 2013, -después de más de dos años-, se dictó la Resolución "16/2013", de rechazo de querella en su favor; decisión que en revisión, fue revocada por el Fiscal Departamental a.i., mediante Resolución 313/13 de 19 de julio, disponiendo la continuación de las investigaciones, nombrándose para ello una comisión de Fiscales compuesta por los ahora demandados, quienes inicialmente nombraron a "tres investigadores, en las personas de Tte. Ramiro Mollinedo y la Tte. Cordero"(sic), quienes posteriormente fueron reemplazados por Mayor Fabricio Ormachea, quien debía seguir la investigación.    

Agrega que, a fines del mes de agosto de 2013, fue sorprendido con que los cuadernos, producto de más de tres años de investigación, se habían extraviado,  puntualiza que a la fecha, sin que existan los mismos, los Fiscales ahora demandados, violentando sus derechos y sin cumplir plazo alguno, pretenden emitir resolución de imputación formal en su contra y provocar su detención preventiva.