SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0868/2014
Fecha: 08-May-2014
i)
Víctor Hugo Ortiz Cortez. Por medio de su abogado en audiencia, manifestó lo siguiente: i) La parcela de terreno de 29 509,90 m2, la adquirió el año 1995, luego lo inscribió en la oficina de DD.RR.; después de dos años, dichos terrenos fueron asaltados por miembros activos y pasivos de la Policía Nacional, contra quienes se inició un proceso de mejor derecho de propiedad, nulidad de documentos de propiedad y daños y perjuicios, el que concluyó, con Sentencia de 29 de mayo de 1998, que declaró probada la demanda, consolidándolo como único dueño, nulo y sin valor el título de Julio Espinoza Tavel, ordenando su cancelación en el registro de DD.RR., ejecutoriada como fue la misma, el Juez que conoció el proceso ministró posesión real y corporal judicial el 16 de octubre de 1998; ii) En 1999, por acción de los policías perdidosos, la parcela de terreno de su propiedad fue loteado por más de ciento veinte personas, motivo por el que, formalizó denuncia y querella penal por el delito de despojo, la misma que no prosperó, al mismo tiempo formalizó demanda ordinaria de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y entrega de la parcela de terreno, en la que se dictó Sentencia el 6 de marzo de 2003, declarando probada la demanda y ordenándose a los demandados desocupen y entreguen la parcela de terreno; ejecutoriado como fue la misma, Roxana Saucedo Landívar -hoy accionante-, se apersonó y presentó incidente de oposición al mandamiento de desapoderamiento, sin tomar en cuenta que la Sentencia tenía ya la autoridad de cosa juzgada, y que su ejecución no podía ser suspendida por ningún recurso ordinario ni extraordinario menos el de compulsa; y, ii) La accionante, lo que pretende es impedir la ejecución de la sentencia.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.8.
- II.10.
- III.1.Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- II.
- “…'comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- “El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.
- La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía
- 1) Derecho fundamental:
- 2) Garantía jurisdiccional:
- De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados,
- 1)
- es un derecho que a la vez forma parte de las garantías jurisdiccionales; y que ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como: '…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea
- el derecho a la defensa está configurado como un derecho fundamental de las personas, a través del cual se exige que dentro de cualquier proceso en el que intervenga, tiene la facultad de exigir ser escuchada antes de que se establezca una determinación o se pronuncie un fallo
- el derecho a la defensa es la “…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- Es decir, que el derecho a la defensa se extienda: i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal…”
- la vivienda digna es un derecho fundamental de tercera generación emergente de los derechos económicos, sociales y culturales, persigue la satisfacción de las necesidades que tienen las personas, puede entenderse como derivado de los derechos a la vida y a la dignidad, porque se trata de un lugar digno para vivir, y no simplemente de un techo para estar o para dormir; sino que es una condición esencial para la supervivencia y para llevar una vida segura, digna, autónoma e independiente; es un presupuesto básico para la concreción de otros derechos fundamentales, entre ellos, la vida, la salud, el agua potable, servicios básicos, trabajo, etc.; de modo tal, que cuando se suprime su ejercicio, implícitamente, también se amenazan a los otros derechos
- Fragmento 27
- ha dejado establecido que: “'la seguridad jurídica' es un principio, y al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento'.
- más sin embargo, ello no implica que sea tutelable, precisamente y como se tiene explicado, por no ser un derecho autónomo, como sostuvo la pasada jurisprudencia de este Tribunal
- III.7. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo