SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1158/2014

La acción de libertad, históricamente conocida como “hábeas corpus”, se erige como una acción extraordinaria prevista en nuestra Constitución Política del Estado en el art. 125, y también en el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo); esta acción puede ser interpuesta como medio de defensa oportuno y eficaz para la protección de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y de circulación de toda persona.

El referido art. 125 de la CPE, textualmente expresa: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”; de esta redacción, se puede extraer los caracteres propios de la acción de libertad como son el informalismo, la inmediatez, la sumariedad y la inmediación; Ahora bien, en su carácter tutelar, opera de forma preventiva, correctiva y reparadora; por tanto, su espectro protector, impide que se consuma la lesión de los derechos que protege, o en su caso corrige y/o repara un acto lesivo ya consumado.

Ahora bien, a luz de la Constitución Política del Estado, caracterizada por su valor axiomático, la acción de libertad asume un rol trascendental en la protección de los derechos de primera generación como son la vida y la libertad física; por esta razón, la acción de libertad no observa el principio de subsidiariedad salvo de manera excepcional, esto debido a su carácter sumario; sin embargo, ante la existencia de medios de impugnación específicos e idóneos para restituir de manera inmediata los derechos objeto de su protección, estos deben ser previamente utilizados por quien considere que estén en riesgo su derecho a la vida y/o su derecho a la libertad; razonamiento que este Tribunal Constitucional Plurinacional ha reiterado en su profusa jurisprudencia emitida.