SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1165/2014

La Constitución Política del Estado en su art. 180.I establece: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” . Por lo que, dentro de los principios fundamentales del nuevo Estado Plurinacional, está el de garantizar una justica pronta, oportuna y sin dilaciones (la negrilla nos corresponde).

En ese sentido, el Código de Procedimiento Penal, en su art. 134 establece de forma expresa, que la etapa preparatoria de un proceso penal, debe finalizar en el plazo máximo de seis meses de iniciado el proceso; determinando que si vencido el mismo, el Ministerio Público no acusa ni presenta requerimiento conclusivo, el juez debe conminar al Fiscal de Distrito -hoy departamental- para que lo haga en el plazo de cinco días. Si transcurrido dicho plazo la fiscalía no hubiese presentado ninguna acusación o requerimiento conclusivo, el citado artículo señala que la autoridad judicial debe declarar extinguida la acción penal.

“En el contexto antes descrito, el Título IV del Libro Tercero del Código de procedimiento penal, se refiere al Control de la retardación de justicia, estableciendo en el art. 134 que la etapa preparatoria del juicio deberá finalizar en el plazo máximo de seis meses de iniciado el proceso desde la notificación con la imputación formal al imputado, conforme lo ha señalado este Tribunal en la SC 1036/2002-R. Si vencido ese plazo el Fiscal no acusa ni presenta otra solicitud conclusiva, el Juez conminará al Fiscal de Distrito para que lo haga en el plazo de cinco días, transcurridos éstos sin que se presente solicitud por parte de la Fiscalía, el Juez declarará extinguida la acción penal salvo que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante, sin perjuicio de la responsabilidad personal del Fiscal de Distrito.

El Tribunal Constitucional, en coherencia con los fines del sistema procesal penal, interpretando esta norma, estableció 'que la extinción penal no se opera de hecho por el sólo transcurso de los seis meses de plazo de la etapa preparatoria sin que el Fiscal haya presentado la solicitud conclusiva -sino de derecho, porque vencido el señalado término, la parte deberá pedir al Juez Cautelar conmine al fiscal de Distrito para que presente la citada solicitud conclusiva, y, en caso de que dicha autoridad no lo haga en los cinco días siguientes a su notificación, el Juez Cautelar deberá dictar una resolución expresa declarando extinguida la acción penal'. En este sentido se han pronunciado las SSCC 1284/2003-R, 1293/2003-R, 720/2004-R, entre otras.