SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1683/2014

Los representantes de la menor AA solicitan: a) Se tutele el derecho a la vida, integridad física, libertad personal y de circulación de la menor AA, que se encuentra indebida e ilegalmente privada de su libertad; b) Señalen día y hora de audiencia pública, disponiendo la notificación personal o por cédula a las autoridades y personas demandadas; o en su caso, existiendo peligro de la menor y resistencia de la autoridad, poder acudir inmediatamente al lugar de detención y allí instalar la audiencia; c) Declarar “procedente” la acción, disponiendo el cumplimiento inmediato con uso de la fuerza pública, conforme establecen los arts. 17.II y 40 de Código Procesal Constitucional (CPCo); y, d) Sea con la reparación de daños y perjuicios, según el art. 50 del citado Código.

Por su parte Ximena Narváez Rivero, Fiscal de Materia de la División Trata y Tráfico de Personas, presentó informe escrito, cursante a fs. 239, manifestando que: a) Si bien se dejó sin efecto la disposición de recuperación de la menor, fue debido a la existencia de un recurso de apelación pendiente de resolución dentro del proceso de guarda de menor; b) En todo momento se procedió conforme establece la norma, y velando por el interés superior de la niña; y, c) Se solicitó a la autoridad jurisdiccional, emita orden de allanamiento a efectos de recuperar a la menor; sin embargo, dicha petición fue negada por el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal.

Los accionantes denuncian la vulneración de los derechos de la menor AA por parte de los demandados; toda vez que, dentro del proceso penal instaurado en contra de los mismos por la comisión de los delitos de Trata y Tráfico de Personas y otros: a) La Fiscal de Materia de la División Trata y Tráfico de Personas, dejó sin efecto la resolución que disponía la recuperación de la citada menor; b) El Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del departamento de Cochabamba, rechazó la solicitud de orden de allanamiento para rescatar a la menor del domicilio de los imputados ocasionando que la menor continúe privada de su libertad en posesión ilegal de los codemandados; y, c) Los esposos Ariel Augusto Román Beltrán y Lizeth Marcia Torrico Foronda, retienen de forma ilegal a la menor AA, pese a las resoluciones judiciales que dispusieron la devolución de la menor a su familia de origen.