SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1735/2014

El accionante, representándose así mismo, reiteró los términos expuestos en el memorial de demanda de la acción de amparo constitucional y ampliando la misma, señaló lo siguiente: 1) Fue despedido de su fuente laboral después de cinco años de servicio en la Cooperativa SAJUBA y que las causas que justifican su despido no estuvieron sujetas dentro de lo estipulado por el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT); 2) El Gerente General que se encontraba desde el 7 de julio de 2012, como absoluto responsable, debido a la falta de Consejo de Administración y Vigilancia, tenía la responsabilidad del manejo de más de medio millón de bolivianos sin ningún tipo de fiscalización, en virtud a lo cual cumpliendo sus funciones de Asesor Legal se le hizo conocer que no debía realizar ciertos actos contrarios al propio reglamento; 3) Se puso en conocimiento de Evert Modesto Ramos Misericordia, que en muchas ocasiones como representante de la Cooperativa debía firmar documentación atinente a los diferentes procesos dentro de los cuales se debía asumir defensa; empero, se observó negligencia de su parte, aspecto que generó inconvenientes que fueron reclamados en su momento y que eran de su exclusiva responsabilidad; 4) Se hizo evidente que quisieron manejar la Cooperativa con gente de su confianza por lo que colocó personal en puestos estratégicos, debido a lo cual como Asesor Legal se vio en la obligación de hacer notar que estas irregularidades no eran las correctas y al resultar ser un incordio para sus intereses resolvió despedirlo; 5) Debido a la transgresión de sus derechos acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo, instancia que previo análisis determinó que debía ser reincorporado a su fuente laboral debido a que en ese momento contaba con inamovilidad funcionaria; 6) La Gerencia General de la Cooperativa SAJUBA, pese a su legal notificación no se hizo presente a la audiencia convocada por la mencionada Jefatura, ni siquiera para mantener su posición, respecto a las razones por las que fue despedido; y, 7) Sus derechos y garantías constitucionales han sido vulnerados por el despido ilegal del que fue objeto, ya que los derechos al trabajo y a un salario justo, entre otros, se encuentran garantizados por la Constitución Política del Estado, razón por la cual solicita se le conceda la tutela que demanda.