SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0025/2015-S2

La justicia constitucional ha sido determinante, conforme al principio de la celeridad, en cuanto esté involucrado el derecho a la libertad, por ello, la SCP 1582/2013 de 18 de septiembre, al respecto señaló: “La jurisprudencia del entonces Tribunal Constitucional, ha sido uniforme al sostener: '…que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II de la CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos en que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado' (SC 0224/2004-R de 16 de febrero). La misma Sentencia, en base a la premisa de que el derecho a la libertad es inviolable señaló que: '… toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”'.

Consiguientemente, se tiene de todo lo explanado anteriormente, que toda autoridad judicial, policial o administrativa que tenga el conocimiento sobre la solicitud o tramitación de un hecho vinculado directamente con el derecho a la libertad, tiene la obligación de actuar rigurosamente en el marco del principio de celeridad, pues hacerlo de manera contraria, convertiría su acto en dilatorio al derecho fundamental de la libertad, toda vez que, se deja al encausado o procesado, en total incertidumbre sobre su situación jurídica, es decir, que la jurisdicción constitucional, mediante acción de libertad puede ser activada para restituir los derechos y garantías constitucionales vulnerados.