El suscrito Magistrado emite el presente Voto Disidente a la SCP 0999/2015-S1 de 26 de octubre, bajo los siguientes argumentos jurídicos constitucionales.

Al respecto de la fundamentación y motivación de las resoluciones, constituidas como elementos del debido proceso, la SC 1089/2012 de 5 de septiembre, estableció que: “La jurisprudencia del anterior Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso: '…exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'. En consecuencia, es imprescindible que las resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa'” (las negrillas nos corresponden).

La fundamentación, motivación y congruencia son manifestaciones concretas de los límites en el ejercicio de todo poder público, según nuestro modelo de Estado de Derecho Constitucional y a partir del valor axiomático de nuestra Norma Suprema, debemos considerar que quien es investido de autoridad no detenta un poder propio, sino que adquiere la responsabilidad de servir a la sociedad (de ahí la denominación de “Servidor público”) y contestar a sus demandas dando razones que demuestren que su acción no es caprichosa, arbitraria o desviada. Cuando esa autoridad es jurisdiccional la exigencia que pesa sobre el funcionario (por las facultades que tiene de afectar derechos individuales y por su misión de garante del Estado Social de Derecho), es mayor en la medida en que las razones que debe dar para justificar sus decisiones deben ser construidas y articuladas de manera mucho más rigurosa, pues a través de la labor interpretativa o hermenéutica de las autoridades jurisdiccionales, cuyas decisiones deben enmarcarse en los valores de justicia e igualdad como estándar y presupuesto para asegurar la eficacia de los derechos fundamentales; se pretende construir la nueva justicia plural y alcanzar el “vivir bien”, en los términos desarrollados por el Fundamento Jurídico precedente. Ese esfuerzo de construcción y articulación está delimitado por el debido proceso.