SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0925/2015-S1

América Calderón Farfán, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya, autoridad demandada, sin concurrir a la audiencia, en forma escrita por informe cursante a fs. 46 a 49 expresó: 1) El peticionante –ahora accionante– de estos dos memoriales, que ejercía supuestamente la función de Asesor Legal externo de la entidad –en la partida 252 consultor individual en línea– en la anterior gestión, bajo el mismo tenor presentó el 6 y 10 ambos de marzo de 2015, resaltando entre comillas y subrayando con rojo las palabras “honorable”, “Autoridad” y “Dr.”, para referirse a su autoridad y el Asesor Legal del mencionado Gobierno Autónomo Municipal, incurriendo en actos que considera abusivos, groseros, denigrantes y discriminatorios motivados por la animadversión que siente; 2) No obstante, mediante carta-oficio del aludido Gobierno Autónomo Municipal signado con CITE 098/2015, el Asesor Legal trato de notificar al accionante el 11 de marzo de igual año, quien rehusó recibir el oficio mencionando airadamente que tenía oficina para la entrega de tal diligencia; 3) Habiéndose comisionado para proceder a la notificación a Yemilson Vilte Dávalos, otro funcionario de la entidad municipal, en la fecha señalada precedentemente, se apersono a oficinas de Víctor Hugo Casson Nina, quien después de dar lectura del mismo, no quiso recepcionarla arguyendo que estaba dirigido para el administrador y que debió cumplir dicho acto de comunicación el Asesor Legal personalmente; 4) Por lo precedente, se determinó realizar la notificación con la intervención de Patricia Aguayo Siles, Notaria de Fe Publica, misma que después de apersonarse en reiteradas oportunidades porque no podía ser habido, cumple su labor el 19 de marzo del referido año, a horas 8:50, como se evidencia de la diligencia, con cargo de recepción; y, 5) En la respuesta señala que, la petición de fotocopias legalizadas está a una acción de amparo constitucional interpuesto por Imar Fortunato Zutara Vilte; por lo que, no acreditó un interés legítimo como afectado, más que el de iniciarles un proceso penal como medio de represalia y asedio en un momento de transición política. Por lo expuesto, solicito se deniegue la tutela.