SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0995/2015-S2
Fecha: 14-Oct-2015
1)
Por su parte el co-demandado Manuel Jesús Chuquimia Zeballos, Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de Santa Cruz; mediante informe cursante de fs. 506 y vta. señaló lo siguiente: 1) Es evidente que en este juzgado se tramitó el proceso ordinario sobre reivindicación, desocupación y entrega de inmuebles iniciado por Víctor Hugo Ortiz Cortez contra varios demandados que se mencionan en la Sentencia de 6 de marzo de 2003, que declaró probada la demanda reivindicando el derecho sobre terrenos, que fue confirmada por Auto de Vista de 3 de octubre de ese año, y con Auto Supremo que declaró infundados los recursos de casación planteados; 2) El inmueble que pretende la accionante inicialmente estaba detentado por el demandado Miguel Domínguez Pérez, quien aparece entre los demandados y sentencia. Ejecutoriado los fallos inicialmente la accionante conjuntamente otros suscribe el documento de venta preliminar con el demandante, tal como confiesa en su acción; 3) Posteriormente a ello la misma persona (con otros) con memorial de fs. 674 a 676, opusieron otro incidente de oposición al desapoderamiento, cuando no tenían ningún título de dominio sobre el bien, incidente que no fue diligenciado por las partes opositoras; la misma Roxana Saucedo tiene presentada querella contra Víctor Hugo Ortiz Cortez, según consta en actuados; y, 4) Por último, como se relata en el memorial de demanda de la acción, se opone la desapoderamiento con documentos obtenidos y registrados el año 2011 en Derechos Reales (DD.RR) y aduce que no fue demandada y por lo mismo no le alcanza los fallos del presente proceso, de lo que se trata entonces es que la accionante pretende a través de esta acción impedir la ejecución de la sentencia, cuando ella misma reconoció derecho al demandante sobre el bien, pues de otra forma no hubiera firmado el contrato preliminar de compra que tiene declarado y presentado con su último incidente; lo cierto y evidente es que el terreno lo detentaba uno de los demandados y que posteriormente para eludir la ejecución de la sentencia, fue traspasado a la ahora accionante, actitud típica que se vino dando en muchos casos dentro de la presente acción. Por lo expuesto su autoridad no conculcó ningún derecho del recurrente y sólo aplicó la norma procesal correspondiente al tramitar un reiterado incidente de nulidad.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- concedió en parte
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7
- II.9.
- II.10.
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos", (…) “Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales
- El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones”.
- Fragmento 19
- lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma
- cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia,
- la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.
- La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas,
- Fragmento 24
- impone al tribunal o juez de alzada el deber de su rectificación, asegurándose la estricta correspondencia entre la acusación y el fallo
- , por una parte respecto al proceso como unidad, a delimitar el campo de acción de las partes y del órgano jurisdiccional en la que condiciona su desenvolvimiento; por otra, respecto a la estructura de la Resolución, a fin de que absuelva todos los puntos a consideración del juzgador.
- la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución.
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR