SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1103/2015-S3

El hoy accionante denuncia la vulneración a sus derechos citados en la acción de libertad interpuesta, toda vez que dentro el proceso laboral seguido en su contra, no fue notificado legalmente con la demanda en su domicilio, sino en uno diferente; por el cual fue declarado rebelde; posteriormente, se apersonó purgando la rebeldía, señalando domicilio procesal; por lo que, se pronunció sentencia declarando probada la demanda y disponiendo que se cancele el monto determinado de dinero al demandante, resolución con la que fue notificado de igual manera en un domicilio distinto al señalado, motivo por el cual planteó recurso de apelación e incidente de nulidad, mismos que fueron rechazados, librándose mandamiento de apremio en su contra.

         Al respecto, de la revisión de antecedentes se tiene que dentro el proceso laboral seguido en su contra y ante la falta de respuesta a la demanda, la autoridad hoy demandada emitió Resolución 157/2013, declarando rebelde al demandado, quien por memorial presentado el 7 de agosto de 2013, se apersonó dentro del referido proceso laboral ante la Jueza de la causa, purgando la rebeldía. Sin embargo, si bien en esa oportunidad señaló domicilio procesal en calle Indaburo 1166, edificio ex Radio América, piso 9, y pese a que fue notificado con varias providencias en ese domicilio, no se evidencia que el hoy accionante se hubiera apersonado en el referido proceso por el lapso de aproximadamente un año, para hacer el seguimiento que le correspondía como parte procesal, incurriendo en evidente descuido en contra de sus propios intereses.

         Posteriormente, se emitió la Sentencia 82/2014, que declaró probada en parte la demanda, estableciendo que el hoy accionante debía cancelar la suma de Bs76 432,20.- a favor del demandante por concepto de derechos laborales, y si bien con dicho fallo se notificó al accionante, en un domicilio distinto al fijado como domicilio procesal, en su memorial de 7 de agosto de 2015, no es menos evidente que el accionante asumió conocimiento de la sentencia y se apersonó nuevamente al proceso interponiendo apelación contra la sentencia e incidente de nulidad de obrados, memorial en el que además reiteró el domicilio de calle Indaburo 1166, verificándose en antecedentes que fue en dicho domicilio donde se le notificó con el rechazo de su apelación e incidente, así como también con la Resolución 135/2015, que conminó al hoy accionante a cancelar además la suma de Bs7 643,20.- por concepto de actualización de derechos laborales. En ese mismo sentido, y ante el incumplimiento en el pago de lo adeudado, por Resolución 157/2015, se ordenó que se expida mandamiento de apremio contra el hoy accionante hasta que cancele la suma de Bs84 075,42.- (fs. 225 a 228), notificándose con dicho fallo al accionante el 5 de mayo de 2015, en el domicilio señalado de calle Indaburo 1166, edificio ex Radio Nueva América, piso 9 (fs. 226) para luego expedirse el mandamiento de apremio cuestionado a través de la presente acción tutelar.

De la relación efectuada, se concluye que con la conminatoria de pago de obligación, el hoy accionante fue notificado en el domicilio procesal señalado por él mismo cuando se apersonó al proceso y en el posterior memorial que presentó apelando la sentencia e interponiendo incidente de nulidad, por cuanto, el hoy accionante no puede alegar indefensión, pues al contrario actuó en forma negligente en causa propia, de esa forma, no es evidente que la Jueza hoy demandada hubiera incurrido en vulneración del debido proceso en perjuicio del accionante, dado que de la revisión de los antecedentes se advierte que en ejecución de sentencia, y ante la falta de pago en la obligación pecuniaria por parte del demandado, la hoy demandada expidió mandamiento de apremio, en cumplimiento a lo expresamente determinado por el art. 216 del CPT, actuación que se enmarcó a procedimiento y de la que no se advierte que se hubiese incurrido en alguna omisión, pues se reitera que se notificó al hoy accionante con la conminatoria de pago de la obligación en el domicilio procesal señalado, siendo de aplicación al caso la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, la cual establece que en materia laboral, el mandamiento de apremio procede ante el incumplimiento de una sentencia ejecutoriada, que imponga una obligación al demandado, y una vez que se expida dicho mandamiento, su ejecución no puede suspenderse por ningún motivo.