SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1128/2015-S3

Dentro del proceso penal seguido contra Jacinto Apaza Zambrana -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de difamación y otros, causa que radica en el Juzgado de Sentencia Penal del departamento de Pando, el “4” -lo correcto es 5- de mayo de 2015, promovieron recusación contra Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal del departamento de Pando -ahora demandado-, quien mediante proveído de 30 de abril del mismo año, señaló que: “'CONSIDERANDO QUE EL SUSCRITO Y ASE HABRIA PRONUNCIADO SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO CONFORME A NUESTRA NORMATIVA PROCESAL PENAL…'” (sic); actuado con el que se les notificó, observando que el referido Juez admitió que ya había ingresado a analizar el fondo del problema planteado en la querella, razón por la que debió excusarse; empero, continuó con el proceso.

La recusación fue planteada de manera oportuna, acompañando como prueba el proveído de 30 de abril de 2015; sin embargo, el 6 de mayo del citado año, el Juez hoy demandado instaló la audiencia y emitió Resolución, determinando “…EL RECHAZO DE MANERA IN LIMINE…” (sic) de la recusación planteada, sin la debida fundamentación y congruencia, así como la deficiente valoración de la prueba presentada.

La autoridad judicial actualmente demandada realizó una errónea aplicación del art. 321.III y V del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, al sancionarles por haber interpuesto una recusación sobreviniente que fue rechazada “in limine”, inaplicando la lógica y el principio de favorabilidad, pues se basó en una norma sancionada con posterioridad al inicio del proceso penal -marzo de 2014-, cuando debió aplicarse la más favorable efectuando una interpretación del art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE).