SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1134/2015-S1

Sucre, 6 de noviembre de 2015

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator: Tata Efren Choque Capuma

Acción de amparo constitucional

Expediente: 11419-2015-23-AAC

Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 18/15 de 9 de junio de 2015, cursante de fs. 429 a 432, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ronald Ramiro Coyo Laura contra Ramiro López Guzmán y Ángel Arias Morales, Vocales de Sala Penal Primera y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2015 cursante de fs. 384 a 396 vta. y de subsanación de 27 de similar mes y año (fs. 400 a 411 vta.), el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 7 de agosto de 2008, la Caja Nacional de Salud (CNS), interpuso denuncia en su contra ante la Fiscalía de El Alto del departamento de La Paz, por los supuestos delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado, poniéndose en conocimiento el inicio de investigaciones ante el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto del mismo departamento; el Ministerio Público solicitó la declaratoria de competencia en razón de territorio, declarándose probada la misma, siendo remitido el cuaderno de investigaciones a la Fiscalía Departamental y juzgado de instrucción en lo Penal de La Paz.

La Fiscal de Materia asignada al caso, presentó la Resolución de imputación formal el 8 de septiembre de 2009, ante el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, encontrándose el proceso con acusación formal radicado en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal del señalado departamento.

Afirmó que, el 11 de septiembre de 2011, planteó incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, incidente que fue rechazado por Néstor Carlos Guerrero Arraya, Juez Primero de Instrucción en lo Penal en suplencia legal de su similar Décimo del departamento de La Paz; a ese efecto, impugnó dicha determinación que fue resuelta por Resolución 132/2012 de 30 de agosto, emitida por los Vocales ahora demandados, que declararon improcedente la cuestión planteada y confirmaron la Resolución 220/2012 de 18 de mayo, negándole su pretensión de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.

Agotadas las instancias ordinarias, acudió a la vía constitucional, emitiéndose la Resolución 59/2013 de 20 de septiembre, por el Tribunal de garantías, quienes le denegaron la tutela, en revisión, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció la SCP 02161/2013 de 21 de noviembre, resolviendo “CONCEDER”, la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución 132/2012 de 30 de agosto, dictada por los Vocales demandados, disponiendo que emitan nueva resolución, resolviendo el recurso de apelación incidental.

Sin embargo, la referida sentencia no fue cumplida por parte de los Vocales demandados, ya que al emitir la Resolución 204/2014 de 11 de septiembre, en su parte resolutiva declararon improcedente las cuestiones planteadas en su recurso de apelación incidental, confirmando la Resolución 220/2012 de 18 de mayo, dictada por el Juez Primero de Instrucción en lo Penal en suplencia legal de su similar Décima del departamento de La Paz, resolución a todas luces ilícita, que vulneró el debido proceso, ya que los argumentos vertidos en la mencionada resolución son infundados, ilegales e indebidos.

I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación, a la tutela judicial efectiva y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 115.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela: a) Dejando sin valor y efecto legal la Resolución 204/2014 de 11 de septiembre; b) Se dicte nuevo fallo debidamente fundamentado, compulsando los datos del proceso, debiendo acogerse y declarar probada su pretensión de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; y, c) Se condene con costas y daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 9 de junio de 2015, según consta en el acta cursante de fs. 426 a 428, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó el tenor de la acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Ramiro López Guzmán y Ángel Arias Morales, Vocales de Sala Penal Primera y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe cursante de fs. 421 a 422, refirieron que: 1) Emitieron la Resolución 204/2014, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público “y otros”, contra Ronald Ramiro Coyo Laura, por el delito de falsedad material, declarando improcedente las cuestiones planteadas en el recurso de apelación incidental; consecuentemente, confirmaron la Resolución 220/2012, pronunciada por el Juez Primero de Instrucción en lo Penal en suplencia legal de su similar Décimo del mismo departamento; 2) El accionante refirió que, se violó su derecho adquirido de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, relacionando los mismos como vulnerados, con la determinación asumida por la Resolución 204/2014, sin realizar una fundamentación precisa de qué forma se habrían suprimido y lesionado sus derechos; 3) La Resolución emitida, contempló entre sus fundamentos la razón jurídica por la cual se confirmó la determinación emanada por el Juez a quo, invocándose la SC 033/2006-R de 11 de enero, y el accionante a momento de solicitar su pretensión, no dio cumplimiento a dicha Sentencia Constitucional, limitándose a señalar ciertos actuados procesales, en ese sentido, como Tribunal de alzada, no podían corregir los errores incurridos por este; y, 4) Finalmente, expresaron que dieron cumplimiento estricto a la vigencia de la ley, así como a los principios constitucionales plasmados en los arts. 178 y 180 de la CPE, resaltando el debido proceso y la seguridad jurídica, sin vulnerar derecho alguno del accionante.

I.2.3. Resolución

La Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 18/15 de 9 de junio de 2015, cursante de fs. 429 a 432, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La subsidiariedad se encuentra prevista en el art. 129 de la CPE, así también, el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determinan cuando una acción de amparo constitucional no es procedente, ya que se debe cumplir con los requisitos y disposiciones de carácter constitucional, en ese entendido la SCP 0254/2012 de 29 de mayo que cita a la SC 0868/2005-R de 27 de julio, realizó el entendimiento de la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo constitucional; y, ii) Por su parte, la SCP 0822/2012 de 20 de agosto, señaló las reglas y subreglas para denegar la tutela por subsidiariedad; y el accionante pretende mediante esta acción, el cumplimiento de la SCP 02161/2013, sin tomar en cuenta que tuvo la vía para reclamar lo solicitado, conforme el procedimiento constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. El 11 de septiembre de 2014, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista 204/2014, dando cumplimiento al pronunciamiento de la SCP 02161/2013, la cual dispuso dejar sin efecto el Auto de Vista 132/2012, ordenando se dicte nueva resolución; conforme a ello, resolvieron la apelación incidental planteada por el accionante contra la Resolución 220/2012, declarando en la parte resolutiva improcedente las cuestiones planteadas, confirmando la Resolución apelada (fs. 415 a 419 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación, a la tutela judicial efectiva y a la “seguridad jurídica”, por parte de Ramiro López Guzmán y Ángel Arias Morales, Vocales de Sala Penal Primera y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes emitieron la Resolución 204/2014, declarando improcedente el recurso de apelación incidental y confirmaron la Resolución 220/2012, sin dar cumplimiento a lo dispuesto por la SCP 02161/2013.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión si los argumentos expuestos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano

En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe, a base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente en el órgano judicial que a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en la que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien, que señala el art. 8.II de la CPE.

Resulta necesario señalar que la Constitución Política del Estado, por otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, augura superar con creces la estructura colonial estableciendo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 8.I de la CPE, los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos que, sin embargo, de manera permanente se confronta con ciertos males como la corrupción que lastiman nuestras instituciones y sociedad, razón por la que el Estado encuentra como un elemento transformador de la sociedad la lucha contra la corrupción. Una inequívoca señal de esta voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE que instituye el principio de irretroactividad de la ley excepto en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la Justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respecto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria están, también entre otros, la verdad material y el debido proceso.

En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho que ésta sustenta las decisiones en el análisis e interpretación, no solo limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté a lado del Estado y la población, con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la sociedad como es la corrupción.

III.2. De la acción de amparo constitucional

Antes de entrar a la consideración sobre la resolución y antecedentes de la presente acción tutelar elevada en revisión, es pertinente, referirse a algunos aspectos inherentes a la acción de amparo constitucional instituida en el Sistema Constitucional boliviano.

En ese marco, el art. 128 de la CPE establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; a su vez el art. 129.I de la CPE, determina que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

En desarrollo de las normas constitucionales citadas, el art. 51 de la Ley 254, del Código Procesal Constitucional (CPCo), al referirse al objeto de la acción de amparo constitucional, “… de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir” y que, al referirse el art. 54 de la citada Ley, con referencia a la subsidiariedad e inmediatez, “I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela.”.

La acción de amparo constitucional, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.

III.3. No puede pedirse el cumplimiento de una acción tutelar a través del planteamiento de otra

La jurisprudencia constitucional emitida anteriormente en supuestos facticos similares, refiriéndose a la falta de idoneidad en la presentación de acciones tutelares para lograr el cumplimiento de resoluciones dictadas en acciones de amparo constitucional o de libertad, entendió que: “…En este sentido la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, señaló: ‘…en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de habeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…’.

Así también desarrolló la SCP 0008/2012 de 16 de marzo ‘… cuando las autoridades accionadas no dan cumplimiento a lo dispuesto por el juez de garantías, dentro de acciones de libertad o amparo constitucional, el accionante debe acudir ante el mismo juez de garantías que emitió la resolución, o en su caso a la vía ordinaria para hacer cumplir la misma; puesto que no corresponde presentar una nueva acción tutelar contra las mismas autoridades ya demandadas en una acción tutelar anterior”’ (SCP 0262/2012 de 31 de mayo).

De ser admitida esa situación, se desnaturalizaría la dimensión procesal de la acción de amparo constitucional, restándole efectividad a las resoluciones pronunciadas en acciones tutelares, motivo por el cual, no existe la posibilidad de acudir a la acción de amparo constitucional, pretendiendo la ejecución o cumplimiento de una resolución de amparo constitucional emitida anteriormente; además que a través del Código Procesal Constitucional, se ha especificado el mecanismo al que pueden acudir los interesados, en caso que una orden emitida por un juez o tribunal de garantías sea incumplida por la persona o autoridad demandada, aspecto que será desarrollado en el punto siguiente.

III.4. De las incidencias formuladas en ejecución de sentencia en acciones tutelares, marco legal y jurisprudencial

El art. 16 del CPCo, establece que:

“I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción.

II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo le corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo”.

En ese marco, el art. 17 del mismo Código, en relación al cumplimiento de las resoluciones, señala que:

“I. El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones.

II. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda.

III. Podrán imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, que incumpla sus decisiones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger”.

Conforme a la normativa que antecede, los incidentes de incumplimiento de Sentencias Constitucionales Plurinacionales, deben además observar la jurisprudencia constitucional de orden procesal que determina: “…el juez o tribunal de garantías que conoció la acción tutelar, una vez conocida la queja por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares, con la finalidad de asegurar un debido proceso, en el plazo de veinte cuatro horas desde el conocimiento de este mecanismo, solicitará informe y demás medidas o documentación pertinente a la Autoridad o particular obligado a cumplir una decisión emergente del control tutelar de Constitucionalidad, quien deberá remitir lo solicitado ante el juez o tribunal de garantías, en un plazo no mayor a tres días, para que en primera instancia, el juez o tribunal de garantías, establezca la demora o incumplimiento en la ejecución de una decisión emergente del control tutelar de Constitucionalidad, si fuera el caso.

El juez o tribunal de garantías, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, mediante Auto expreso, rechazará la queja o la concederá, asumiendo en este último supuesto las medidas necesarias para el cumplimiento de estas resoluciones, entre las cuales puede requerir la intervención de la fuerza pública, la remisión de antecedentes al Ministerio Público o la imposición de multas progresivas, entre otras.

Con la resolución pronunciada por el juez o tribunal de garantías, se notificará a las partes procesales, estando facultado el activante de la queja, en caso de estimar dilación o incumplimiento de la resolución emergente de una acción tutelar, a presentar la misma ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en los términos establecidos por el art. 16.II del CPCo, queja que deberá ser presentada en el plazo de tres días computables a partir de la notificación con la resolución emitida por el juez o tribunal de garantías. En este supuesto, el juez o tribunal de garantías, en el plazo de veinte cuatro horas, deberá remitir todos los antecedentes relevantes a la queja ante el Tribunal Constitucional Plurinacional” (las negrillas son nuestras), entendimiento jurisprudencial contenido en el ACP 0015/2013-O de 20 de noviembre, debiendo toda actuación relativa al tema, ajustarse a este procedimiento.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación, a la tutela judicial efectiva y a la “seguridad jurídica”, por parte de Ramiro López Guzmán y Ángel Arias Morales, Vocales de Sala Penal Primera y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes emitieron la Resolución 204/2014, declarando improcedente el recurso de apelación incidental y confirmaron la Resolución 220/2012, sin dar cumplimiento a lo dispuesto por la SCP 02161/2013.

Conforme los antecedentes que ilustran el expediente se colige, que los Vocales ahora demandados emitieron el Auto de Vista 204/2014, en cumplimiento a lo establecido por la SCP 02161/2013, misma que dispuso dejar sin efecto el Auto de Vista 132/2012, emitida por las mencionadas autoridades jurisdiccionales, para que pronuncien nueva resolución; conforme a lo dispuesto pronunciaron la Resolución 220/2012, declarando improcedente las cuestiones planteadas y confirmando la Resolución apelada.

En ese entendido, el accionante denuncio el incumplimiento de la SCP 02161/2013, por parte de los Vocales demandados, planteando la presente acción de amparo constitucional para efectivizar su cumplimiento.

En el caso concreto, se establece que conforme lo descrito en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, no es permisible activar la acción de amparo constitucional con el fin de buscar el cumplimiento de resoluciones pronunciadas en una anterior acción de la misma naturaleza, por cuanto, no se puede dejar de lado la normativa establecida en el art. 16.I del CPCo, que disciplina que la ejecución de una resolución constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal de garantías que inicialmente conoció la acción, debiendo primeramente el accionante realizar su reclamo del incumplimiento ante la dichas autoridades, para que sean ellas quienes establezcan si en efecto existió la demora o incumplimiento en la ejecución de una Sentencia Constitucional Plurinacional, para posteriormente recién, según sea el caso, acudir a este Tribunal pero a través del recurso de queja, más no a través de otra acción de amparo constitucional.

Consecuentemente, este Tribunal se ve impedido de emitir pronunciamiento alguno sobre la problemática de fondo, correspondiendo denegar la tutela solicitada.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, efectuó una correcta compulsa de los antecedentes, correspondiendo aplicar el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/15 de 9 de junio de 2015, cursante de fs. 429 a 432, pronunciada por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Tata Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chavez

MAGISTRADO