SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1279/2015-S2
Fecha: 13-Nov-2015
III.3.Análisis del caso concreto
El 26 de junio de 2015, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declararon procedente en parte el recurso de apelación, planteada por la imputada Sonia Salazar Torrico Vda. de Ricaldy, quien alegó que no se efectuó una adecuada valoración de los elementos de convicción que presentó, con los que estimó haber desvirtuado los numerales 1 y 2 del art. 233; 1, 2 y 10 del art. 234, y 2 del 235 del CPP; revocándose parcialmente la Resolución apelada de 30 de abril de 2015, teniéndose por acreditado el grupo familiar de la imputada, y desvirtuado el peligro procesal establecido en el numeral 10 del art. 234 del CPP, en todo lo demás confirmó la resolución apelada.
Es así que por proveído de 30 de junio de 2015, Armando Navia Rojas, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del departamento de Cochabamba, conforme a lo previsto en la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, dispuso que, al quedar sin competencia para conocer los trámites con acusación formal, por Secretaria se proceda a la remisión de la causa al Tribunal de Sentencia de turno en lo penal; llevándose a cabo el 15 de julio de 2015, radicando la causa ante el Tribunal Sexto de Sentencia, el 16 de julio de 2015.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. De la tutela al debido proceso a través de la acción de libertad
- en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causa principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares”.
- III.2. Cesación a la detención preventiva: Dilación indebida que lesiona el derecho a la libertad física
- Uno de esos casos es cuando en el trámite de una solicitud del peticionante privado de libertad, preventivamente o no, debe existir celeridad en su atención positiva o negativa, pues de no ser así, se activa la acción de defensa específica que es la acción de libertad.
- La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal
- el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos
- toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa”.
- Fragmento 18
- Fragmento 19
- Fragmento 20
- III.3.Análisis del caso concreto
- Fragmento 22
- la ahora accionante, presentó
- CONFIRMAR en todo,