SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1263/2015-S1

‘El derecho de asociación proyecta su protección desde una doble perspectiva; por un lado, como derecho de las personas en el ámbito de la vida social, y, por otro lado, como capacidad de las propias asociaciones para su funcionamiento. En cuanto a la primera, aparecen los aspectos positivos, como la libertad y la voluntariedad en la constitución de las asociaciones, paralelamente a la titularidad del derecho a constituir asociaciones, sin perjuicio de las condiciones que para su ejercicio establece la legislación vigente, y los derechos inherentes a la condición de asociado. La segunda recoge la capacidad de las asociaciones para inscribirse en el Registro correspondiente; para establecer su propia organización en el marco de la Ley; para la realización de actividades dirigidas al cumplimiento de sus fines en el marco de la legislación sectorial específica; y, finalmente, para no sufrir interferencia alguna de las Administraciones, salvo la que pudiera venir determinada por la concurrencia de otros valores, derechos o libertades constitucionales que deban ser objeto de protección al mismo tiempo y nivel que el derecho de asociación’ (SC 0902/2010-R de 20 de agosto)” (las negrillas son nuestras).

Según la línea jurisprudencial citada, el derecho señalando protege dos aspectos; primero, el derecho a la libre asociación de las personas y el derecho a la condición de asociado; y, segundo la capacidad de las asociaciones para inscribirse en el Registro correspondiente para realizar sus actividades dirigidas al cumplimiento de sus fines en el marco de la legislación sectorial específica.