SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1332/2015-S2

La jurisprudencia constitucional, es uniforme en el sentido de señalar que la mora procesal que se invoca como causal de extinción de la acción por duración máxima del proceso, no debe ser atribuible al encausado, o lo que es lo mismo, que no haya sido consecuencia de una conducta sistemática de dilación indebida por parte del procesado; así la              SC 0033/2006-R de 11 de enero, señaló que: “…que el trámite de extinción de la acción penal está sujeto a que el recurrente demuestre que fundamentó su pedido mencionando las piezas procesales con las que acreditó la demora o dilación del proceso atribuible al órgano jurisdiccional o al Ministerio Público, conforme a lo determinado por la SC 101/2004, de 14 de septiembre y el AC 0079/2004 de 29 de septiembre, pues quien pretende solicitar la extinción de la acción penal, debe fundamentar que la mora procesal más allá del plazo máximo establecido por ley, es de responsabilidad del órgano judicial o del Ministerio Público, precisando de manera puntual en qué parte del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o dilación invocada, lo que no implica ni se traduce en la necesidad de que el solicitante tenga que ofrecer y producir nueva prueba, cuando la misma se encuentra en el expediente del proceso, sino únicamente individualizarla; fallos que son de cumplimiento vinculante y obligatorio y tienen la debida fundamentación jurídica, doctrinal y constitucional relativa al tema tratado” (El resaltado es agregado).