SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1362/2015-S2

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 54/2015 de 22 de julio, cursante de fs. 450 a 454 vta., concedió en parte la acción de amparo constitucional, con relación al ex Director Técnico del SEDES La Paz; Henry Flores Zúñiga, dejando sin efecto la Resolución DIR-SEDES 07/2015, disponiendo que el actual titular de esa entidad, Ramiro Gutiérrez Castro, emita nueva Resolución debidamente motivada, fundamentada y respondiendo a la totalidad de los agravios en el recurso jerárquico. Asimismo, emita pronunciamiento expreso respecto a los pedidos de nulidad y prescripción de la accionante, y denegó con relación a las autoridades sumariantes demandadas y al Director Técnico del SEDES La Paz, con los siguientes fundamentos: i) Si bien la accionante impugna el Auto inicial del proceso, la Resolución sancionatoria, las Resoluciones de los recursos de revocatoria y jerárquico cuestionando su falta de fundamentación y motivación, como la omisión de la valoración de los elementos probatorios presentados por su parte, debió efectuar estas reclamaciones mediante la impugnación a la Resolución del recurso jerárquico, que es la última instancia administrativa y que debe observar la actuación de los inferiores; razón por la que, el Tribunal de garantías analizará la Resolución Jerárquica; ii) Del análisis comparativo de los agravios y los fundamentos contenidos en la Resolución del recurso jerárquico DIR-SEDES 07/2015, se tiene que evidentemente la autoridad que la emitió no respondió a la totalidad de los cuestionamientos incurriendo en omisión, vulnerando el debido proceso; y, iii) El ex Director del SEDES, tampoco se pronunció sobre los pedidos de nulidad de obrados y la excepción de prescripción administrativa, no siendo argumento válido el que hubieren sido presentados ante el Sumariante, puesto que éste debió remitirlos ante la instancia jerárquica para su correspondiente consideración, vulnerando el derecho a la petición y a la defensa.