SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1478/2015-S2

Sobre el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, la SCP 1307/2015-S2 de 13 de noviembre, desarrolló el siguiente entendimiento: “La jurisdicción constitucional ha comprendido al debido proceso desde su triple dimensión, como derecho fundamental de los justiciables, garantía de la impartición de justicia y principio procesal orientador de la jurisdicción ordinaria. Bajo esta premisa, la Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza la vigencia del debido proceso; así, el art. 115. II de la CPE, dispone: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. En ese mismo contexto, el art. 117 de la Ley Fundamental, determina: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…’.

Una de las peculiaridades del Estado Constitucional de Derecho es el respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, erigiéndose estas últimas en barreras de contención contra el ejercicio desmedido del poder público; así, la facultad punitiva del Estado encuentra su límite en la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidas en la Ley Fundamental y los diferentes instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.

La jurisprudencia constitucional, a partir de la interpretación de los arts. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ha identificado los elementos configuradores del debido proceso, aunque dicha enumeración no tiene carácter limitativo sino meramente referencial o enunciativo; en efecto, entre los distintos componentes del debido proceso, a los fines de resolver la problemática planteada corresponde precisar los referidos a la motivación y fundamentación de las resoluciones, indistintamente si éstas tienen carácter jurisdiccional o administrativo”.