SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0122/2015-S2
Fecha: 23-Feb-2015
III.4. Análisis del caso concreto
El accionante señala que la Jueza de Instrucción Mixta, Liquidadora y Cautelar de Sipe Sipe, al pronunciar el Auto de 5 de marzo de 2014, por el que rechazó la cesación de su detención preventiva, vulneró su derecho al debido proceso, por lo que dentro de tiempo hábil y oportuno interpuso recurso de apelación incidental contra la referida determinación, que fue resuelta por Auto de Vista de 3 de abril del mismo año, pronunciado por las autoridades ahora demandadas, las que dispusieron anular el Auto de 5 de marzo de 2014, bajo el fundamento de que el mismo no estaría debidamente motivado (Conclusión II.3 del presente fallo); sin embargo la Jueza a quo, no cumplió con dicha determinación, habiendo remitido directamente el legajo primero a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y luego al Tribunal de Sentencia Penal de Quillacollo, con el argumento de que su autoridad perdió competencia y no obstante, que el accionante presentó memorial ante dicho Tribunal de Sentencia solicitando se señale audiencia de cesación a su detención preventiva (Conclusión II.8 de la presente Resolución), el indicado Tribunal dispuso que esté al Auto de 12 de mayo de 2014, por el que elevó en consulta el proceso penal a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por considerar que se habría suscitado un conflicto de competencias entre la Jueza a quo y el Tribunal de Sentencia Penal de Quillacollo; así, en ese estado de cosas, interpone la presente acción de libertad, por considerar que las resoluciones judiciales referidas vulneraron sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos motivación de las resoluciones y valoración razonable de las probanzas.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- denegó
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- a)
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
- '… al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; puesto, que como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales señalados anteriormente, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, o viceversa.
- 'El debido proceso se encuentra consagrado en los arts. 115. II, 117.I y 180.I de la CPE, como una garantía, un derecho y un principio de la administración de justicia, que se halla compuesto, entre otros, por el derecho a una debida fundamentación; es así que, en el ámbito procesal penal se contempla la exigencia de fundamentación y motivación a través de la previsión normativa contenida en el art. 124 del CPP, mismo que señala: «Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes».
- “'«En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP».
- En consecuencia, es imperante que el juez, en mérito a la previsión contenida en el art. 398 del CPP, a tiempo de resolver la apelación, de respuesta a todos los puntos apelados, previsión que no lo exime de analizar la concurrencia de los presupuestos descritos en el art. 233 del CPP, siendo por el contrario, su verificación una actuación de cumplimiento inexorablemente; esto, en virtud a que el imputado tiene derecho a conocer inequívocamente los motivos que llevaron al tribunal de apelación a mantener, revocar o modificar una medida cautelar, lo que no implica de ninguna manera, que la valoración de los elementos concurrentes, represente un apartamiento de los aspectos impugnados'”
- III.4. Análisis del caso concreto
- III.4.1. Respecto al Auto de Vista de 3 de abril de 2014, pronunciado por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba
- III.4.2. Respecto a las resoluciones pronunciadas por la Jueza de Instrucción Mixta, Liquidadora y Cautelar de Sipe Sipe y el Tribunal de Sentencia Penal de Quillacollo
- REVOCAR en parte
- 1° CONCEDER