SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0170/2015-S1

Inicialmente y a efectos de ilustrar con la mayor claridad el presente acápite, corresponde abordar la definición de acto administrativo; así el art. 27 la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) señala: “Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo”, infiriéndose entonces que, el acto administrativo es toda declaración unilateral de la administración en cualquiera de sus niveles, emergente del ejercicio de la potestad administrativa, plasmada en una decisión que genera efectos jurídico administrativos directos o inmediatos, que se caracterizan por su ejecutoriedad para la consecución de los fines públicos y por su presunción de legalidad y legitimidad.

Como todo acto, los emanados de la administración pública, son susceptibles de objeción cuando a través de ellos se vulnera el debido proceso, los derechos subjetivos de las personas o los intereses de los administrados; es decir, que, los actos administrativos, pueden ser sometidos a revisión cuando se considera la existencia de lesión a derechos y/o garantías constitucionales.

A este efecto, a través de una norma procesal supletoria, se han previsto los mecanismos precisos e idóneos para la revisión de los actos administrativos, instituyéndose los recursos de revocatoria y jerárquico, por medio de los cuales puede efectuarse cualquier reclamo o formular una objeción ante la actuación de la administración, posibilitando que las autoridades realicen y subsanen sus actos, y en su caso, que la autoridad superior pueda revisar la actuación del inferior.

En este contexto, Gordillo expresa que: “…los problemas de la validez e impugnación de la actividad administrativa giran en torno a un principio: puede atacarse mediante un recurso administrativo o acción judicial aquel acto de la administración que sea apto para que produzca efectos jurídicos inmediatos respecto del impugnante; todo acto de la administración (o no) que de suyo no sea apto para producir efectos jurídicos, no es todavía directamente impugnable en cuanto a su validez…”.