SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0204/2015-S1

Ahora bien, si en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le facultan al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas son nuestras).

Pues bien, al existir una instancia administrativa idónea para la protección de los derechos del trabajador, la jurisdicción constitucional tiene la facultad de ordenar el cumplimiento de las conminatorias y la revisión de las mismas, para garantizar la vigencia del debido proceso. Al respecto, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, a tiempo de modular el entendimiento asumido en la SCP 0900/2013 de 20 de junio, declaró lo siguiente: “…mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales…”.

Por lo tanto, la acción de amparo constitucional, como garantía jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, no es una acción sustitutiva de la judicatura laboral y menos se constituye en mecanismo procesal apropiado para establecer si el despido del trabajador fue legal o ilegal, en efecto, la presente acción constitucional se limitará a ordenar el cumplimiento de la orden emitida por el representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.