SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0210/2015-S1
Fecha: 26-Feb-2015
III.3. De la razonable valoración de las pruebas
Uno de los elementos que compone el debido proceso es el derecho a la razonable valoración de las pruebas por parte de la autoridad jurisdiccional en la impartición de justicia; en ese contexto, es necesario aclarar que, si bien, dicha valoración es labor privativa de la jurisdicción ordinaria estando impedido el Tribunal Constitucional Plurinacional de efectuar la misma; sin embargo, de manera excepcional, es posible a éste Tribunal realizarla, cuando existe evidente apartamiento de los marcos de razonabilidad y equidad o cuando existe omisión arbitraria en la valoración de la prueba y cuya consecuencia lógica sea lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en la Ley Fundamental y las normas del bloque de constitucionalidad.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente
- la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de imponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se dispone la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca;
- III.2. Contenido de las resoluciones emitidas por el juez o tribunal de apelación
- Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática
- En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP
- III.3. De la razonable valoración de las pruebas
- el órgano jurisdiccional debe hacer un test sobre los aspectos positivos o negativos (favorables o desfavorables) que informan el caso concreto, de cara a los puntos fijados por la ley para medir tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización;
- con relación a que el contrato presentado no se ajusta a los alcances del art. 239.1 del CPP, porque fue firmado con posterioridad, es preciso señalar que dentro del marco estricto de razonabilidad,(…) exigirle al imputado que estando detenido presente un contrato que no hubiera sido acordado en esa forma es ir contra todo sentido lógico y jurídico, e imposibilitarle acceder al beneficio de la cesación para siempre
- III.5. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR